CCD: La rogatoria de Andorra (I): El misterio de los seguros de...

CCD: La rogatoria de Andorra (I): El misterio de los seguros de Pdvsa

COMPARTIR

Una red de 30 personas y 40 empresas conforman el entramado que utilizó Rafael Ramírez Carreño, presidente de Pdvsa durante diez años, para lavar más de dos mil millones de dólares en Banca Privada de Andorra (BPA). Entre los miembros de la red que funcionó entre 2006 y 2012, destacan sus primos Diego Salazar Carreño, Luis Mariano Rodríguez Cabello, José Enrique Luongo Rotundo y el asegurador Omar Farías Luces.

La información se desprende de la Rogatoria que las autoridades judiciales de Andorra enviaron a la Fiscalía General de Venezuela, a la cual tuvo acceso CuentasClarasDigital.org. A través del documento oficial número 4103434 del año 2012, la Batllia D´Andorra solicita información al Ministerio Público venezolano sobre un grupo de personas y empresas bajo investigación en el Principado europeo por el delito de lavado de dinero y valores.

MP-caso-BPA-AN

El poder de los primos

Los investigadores andorranos desconfían de las empresas de Diego Salazar, utilizadas para movilizar cientos de millones de dólares en BPA, a las que califican de “sociedades pantalla”. Registradas en varios paraísos fiscales, en especial en Panamá a través del bufete Aleman Cordero Galindo & Lee, la mayoría aparece a nombre de Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Enrique Luongo Rotundo, primos de Ramírez, siendo el beneficiario final de todas ellas Diego Salazar Carreño, también primo de Rafael Ramírez Carreño.

Desde las cuentas de los primos de Ramírez se realizaron numerosas operaciones entre personas naturales y jurídicas dentro y fuera de BPA, poniendo en evidencia decenas de transferencias con escasa o ninguna justificación a una serie de directivos de Pdvsa.

Sin embargo, más numerosos aún resultan los pagos realizados desde cuentas de contratistas de Pdvsa a las cuentas de los primos.

Un ejemplo de este tipo de operaciones es la efectuada desde una cuenta corporativa de Omar Farías, asegurador de Pdvsa, a la empresa registrada en Panamá Antigua Omega Inc. propiedad de José Enrique Luongo Rotundo y cuyo apoderado es Luis Mariano Rodríguez.

La cuenta número AD 28 0006 0008 2312 0034 8856 de Antigua Omega en BPA tenía un saldo de casi 218 millones de dólares en 2012 cuando las autoridades andorranas iniciaron la investigación que condujo a la Rogatoria. La suma provino de dos traspasos internos, uno por 177 millones de dólares por medio de 6 transferencias ordenadas desde un depósito abierto en BPA titularidad de la contratista de PDVSA Compañía General de Combustibles CGC SA, una de las principales petroleras argentinas y otro por 14 millones de dólares de una cuenta de la compañía ISB Sociedad CS, SA de Omar Farías Luces, asegurador de Pdvsa y de otros cuatrocientos organismos públicos venezolanos entre ministerios, institutos, gobernaciones y alcaldías.

Esta es solo una de las decenas de transferencias que el controversial asegurador Omar Farías realizó a las cuentas de los primos y testaferros de Rafael Ramírez, incluyendo a Diego Salazar con el que dijo “no tener ningún tipo de negocio” en una entrevista al diario español El Mundo realizada a raíz del escándalo de las cuentas de venezolanos en BPA.

Omar Farías es uno de los principales responsables de la crisis financiera de 2009 en la cual decenas de socios y directivos de bancos, casas de bolsa y aseguradoras actuaron como una red para defraudar a la nación. Seguros Premier, propiedad de Farías, fue intervenida y acusada de ser parte de la plataforma financiera usada para actividades ilícitas. Sin embargo, el escándalo no impidió que Farías – protegido desde los más altos niveles del poder – siguiera siendo uno de los principales aseguradores de entidades del régimen, incluyendo Pdvsa. Un reportaje publicado inicialmente en El Nuevo Herald reveló que los contratos de cobertura de Seguros Constitución con la petrolera, que abarcaban las pólizas patrimoniales de cobertura nacional e internacional, tenían sobreprecios que superaban los 100 millones de dólares anuales.

Farías trató de incursionar en el negocio de los seguros en otros países pero no fue tan exitoso. Tanto en España como en Panamá y Ecuador, las autoridades financieras tomaron acciones legales contra sus empresas por operaciones sospechosas de lavado de dinero.

Los seguros de Pdvsa el gran negocio de Salazar, Farías y Víctor Vargas

A raíz de la explosión de Amuay, una de las mayores tragedias de la industria petrolera a nivel mundial, la opinión pública conoció un poco más acerca de los oscuros y fraudulentos negociados con los seguros y reaseguros de Pdvsa en manos de Diego Salazar, Omar Farías y Víctor Vargas Irausquín.

Uno de los receptores de las millonarias transferencias de Omar Farías dentro de BPA, José Enrique Luongo Rotundo, primo de Rafael Ramírez y de Diego Salazar, también es familiar de Jesús Enrique Luongo Demari, actual vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de Pdvsa, quien era el gerente del Centro de Refinación Paraguaná en 2012, momento de la explosión de Amuay en la que perdieron la vida 42 personas, 5 permanecen desaparecidas y más de 150 resultaron seriamente lesionadas.

Desde un primer momento, Luongo Demaria descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento. A pocas horas de la explosión, con los tanques aún ardiendo y sin conocer el número de víctimas ni los daños finales, declaró a Venezolana de TV  acompañado de Elías Jaua , vice presidente de la República para el momento, desestimando las denuncias de falta de mantenimiento en lo que calificó como “una matriz de opinión” sin fundamento y avalando la labor preventiva de “la nueva Pdvsa”.

Sus declaraciones fueron fundamentales para sustentar la opinión de Rafael Ramírez que atribuyó la tragedia a un sabotaje de sectores de la oposición con lo cual quedaba justificado que las compañías de seguros no pagaran a Pdvsa.

Sin embargo, la realidad parece haber sido otra.

Según expertos del sector asegurador internacional, el costo del programa de seguros de Pdvsa se había triplicado desde 2000 a 2008. Diego Salazar y otros allegados y familiares de Rafael Ramírez –como su cuñado Baldo Sansó, George Kabboul, Antonio Simancas, Héctor Gamboa y Eudomario Carruyo – otro cliente de BPA y protagonista de Los Papeles de Panamá  – montaron un entramado de corrupción con base en el pago de primas de los seguros que le habría reportado millonarias comisiones al grupo y perjudicado seriamente los intereses de la petrolera.

En el libro El Gran Saqueo de Tablante y Tarre, se señala que entre las irregularidades detectadas con el caso Amuay figura el hecho de que Pdvsa no había contratado cobertura por concepto de lucro cesante o interrupción del negocio, de manera que la pérdida por este concepto, que fue de 1.200 millones de dólares, tuvo que ser asumida por PDV Insurance Company, es decir, la propia petrolera.

Al día de hoy se desconoce si La Occidental de Seguros de Víctor Vargas cubrió las pérdidas relativas al patrimonio como tampoco se ha tenido acceso al informe final del siniestro, tanto de Pdvsa como del Ministerio Público. Ramírez anunció el 25 de agosto de 2013 que “cuando la Fiscalía autorice publicaremos el informe sobre el sabotaje en Amuay”.  Tres años después, ni Pdvsa ni el MP han publicado absolutamente nada sobre el tema.

Esta situación privó a la petrolera de los recursos necesarios para recuperar la planta. Expertos señalan que debido a ello Amuay está produciendo solo la mitad de su capacidad diaria.

El MP “investiga” el caso BPA desde hace cuatro años

La Rogatoria dirigida por las autoridades de Andorra al Ministerio Público venezolano aspiraba a aclarar las decenas de operaciones en su mayoría “muy genéricas y sin soporte documental suficiente dada la importancia del volumen económico” realizadas por la red de los primos de Rafael Ramírez en Banca Privada de Andorra. Hasta la fecha, se desconoce si la Fiscalía General respondió la solicitud.

Ante un requerimiento similar realizado en marzo por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional que investiga a Ramírez,  el Ministerio Público, a través de la directora Contra la Corrupción Paula Ziri Castro, negó suministrar información aduciendo que luego de cuatro años, “el proceso actualmente se encuentra en fase de investigación”.

Cuentas Claras Digital