Javier Ignacio Mayorca: 0800.Extorsión

Javier Ignacio Mayorca: 0800.Extorsión

COMPARTIR

Las extorsiones telefónicas se multiplican en el país. Amenazan en nombre de La Piedrita, Tupamaros o cualquier megabanda de moda. En la Guardia Nacional dicen que son solo presos. Pero expertos advierten que pueden contar con apoyo en las calles

La llamada tomó por sorpresa al empresario. Al otro lado de la línea, un hombre que se identificó como Valentín Santana, líder del colectivo Tupamaro, le revelaba que personas allegadas a él habían ofrecido tres millardos de bolívares para atentar contra su vida o la de algún integrante de su núcleo familiar.

Hasta la semana pasada, Santiago (nombre cambiado) se mantuvo al margen de los temas políticos del país. Estos asuntos simplemente no le interesaban. Su energía se iba en el manejo de un local en el oeste de Caracas. Si hubiese estado al tanto de las noticias, probablemente habría captado de inmediato la mentira de sus interlocutores: Santana nada tiene que ver con losTupamaros. Por el contrario, en algunas oportunidades su grupo llegó al enfrentamiento armado con los de la estrella rojinegra, por el dominio de sectores del 23 de Enero.

“Mis hombres quieren agarrar esos tres millardos que nos están pagando para partirte la cara a plomo”, le decía el hombre. El “contrato”, añadió, no lo había ejecutado porque, luego de más de un mes de vigilancia a su familia y sus negocios, se dio cuenta de que Santiago es una “persona seria”.

El interlocutor seguía con su libreto durante más de quince minutos. A veces, daba la impresión de que lo recitaba. Antes, en este tipo de llamadas exigían pagos mediante transferencias a cuentas de particulares. Incluso, cuando el bolívar tenía cierto valor, pedían que el dinero fuese entregado en efectivo en un lugar predeterminado.

Extorsionan en nombre de causas “justas”

Pero el que llamó a Santiago decía ser integrante de un colectivo armado: “Somos los grupos de exterminio, que eliminamos y desaparecemos al hampa común”. Este mentado Valentín aseguraba ejercer “dominio” sobre el 90% del territorio caraqueño.

Así que, para guardar las formas, ahora los pagos no podían ser para engrosar las finanzas de algún particular. Entonces, exigen el apoyo monetario para una obra supuestamente benéfica. En este caso, para un hospital en el que intentan atender el caso de una niña desahuciada.

Primero, pidieron un millardo de bolívares. Pero Santiago, empresario al fin, supo negociar, a pesar de la premura con la que era exigida la transferencia por el supuesto mandamás del colectivo. En el último contacto, la cifra había bajado a 50 millones de bolívares.

Venezuela pareciera estar inmersa en una nueva ola de extorsión telefónica. Para la redacción de estas líneas, se pudo conocer directamente de cuatro casos. En todos, los discursos tenían factores en común. En primer lugar, los extorsionadores decían ser integrantes de un poderoso grupo armado. A veces, un colectivo, y en otras oportunidades alguna megabanda como el Tren de Aragua. Luego, en las extorsiones telefónicas siguen exigiendo pagos en bolívares, mediante transferencia bancaria. El extorsionador, además, quiere ver la plata cuanto antes. Pero se cuida de afirmar que es una vacuna. Lo nuevo en esto es que la denominan “colaboración”, para una causa aparentemente justa.

A cambio, decía el líder del colectivo en su conversación con Santiago “yo colaboro contigo, resguardándote la seguridad”.

Las víctimas rara vez acuden a los cuerpos policiales para denunciar este tipo de extorsiones. Cuando lo hacen, las autoridades toman nota aparte de las denuncias, y generalmente no las incorporan a las estadísticas oficiales. Con esta práctica, evitan que las cifras de criminalidad se disparen.

Según el Ministerio Público, durante la primera mitad de 2018 la Unidad contra la Extorsión y el Secuestro ha iniciado 605 expedientes. De ellos, 501 han sido por extorsiones.

En Relaciones Interiores manejan otras estadísticas. Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que Cicpc inició 244 averiguaciones por extorsión. Lo interesante de esto es que, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas lo más bajas posibles, el incremento de las denuncias por extorsiones durante el semestre ha sido de 41%.

Cuando las victimas acuden al Comando Nacional contra la Extorsión y el Secuestro de la Guardia Nacional, los militares les dicen que deben despreocuparse, que actualmente la mayoría de estas llamadas atribuidas a colectivos o bandas armadas en realidad son hechas por reos ociosos de los penales de Puente Ayala (Anzoátegui) y El Dorado (Bolívar).

Pero el ex jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial, comisario jubilado Sergio González, cree que estos delincuentes ahora trabajan en grupos.

“Las llamadas para extorsionar se hacen desde las cárceles. Pero hay gente en las calles que los ayudan”, indicó.

Estos sujetos que están en libertad a menudo contribuyen a darle un barniz de credibilidad a las amenazas. Por ejemplo, explicó González, desde el penal pueden llamar para advertir que el grupo de vigilancia de la banda está frente a la vivienda personal de la víctima, en una camioneta blanca. Y, efectivamente, luego se constata que el vehículo estaba en el lugar indicado.

Lo importante, según el ex funcionario policial, es “no caer en el chantaje”. Aseguró que rara vez estos hampones llegan a concretar sus amenazas.

“A estos individuos hay que pararles el trote, desde el comienzo”, sentenció.

El engaño del premio

Una de las tácticas que están utilizando los extorsionadores para obtener información sobre sus eventuales víctimas es simular llamadas desde la coordinación de algún programa gubernamental, como pueden ser Mi Casa Bien Equipada o la Misión Vivienda.

Los sujetos dicen que el interlocutor se ha ganado un premio, como por ejemplo un crédito con enormes facilidades, o el acceso a una vivienda. En la conversación, solicitan al supuesto beneficiario que le diga cuántas personas viven con él, así como sus números telefónicos para poder constatar la información.

Luego, los usuarios de tales números son extorsionados.

“A mí me llamaron, y de inmediato les dije que hablaban con un comisario general de Cicpc. Ahí mismo colgaron”, recordó González.

Breves

*El ascenso de Pedro Sánchez al cargo de Primer Ministro en España tendrá un impacto inmediato y debilitador sobre la coalición internacional que intenta propiciar un cambio de gobierno en Venezuela, mediante medidas compulsivas como las sanciones impuestas por EEUU y países como Canadá y Suiza.  Ya el nuevo canciller Josep Borrell declaró el 16 de julio que cesaría el apoyo a la “línea dura”, que caracterizó la posición española durante la gestión de Mariano Rajoy. La postura del anterior gobierno era tan pugnaz hacia Maduro que, según indican fuentes diplomáticas, fue el país que solicitó sanciones contra el mayor número de funcionarios y representantes del oficialismo venezolano. La última lista de sancionados por la Unión Europea incluyó once nombres. Este fue el resultado de una consulta de varios meses en la que todas las naciones que integran ese cuerpo dieron sus respectivas opiniones, basados en los informes de sus servicios exteriores. La petición inicial indicaba que el número debía estar alrededor de los diez. El país que menos “sancionables” dio fue Austria, con cuatro. España, en cambio, dio cincuenta.

Más censura en policías

*El 19 de julio, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, prohibió a los jefes de todos los despachos de ese órgano la difusión a través de las redes sociales de las informaciones sobre los casos resueltos. La decisión sobre las noticias a ser divulgadas será emitida por el propio funcionario o en su defecto por el subdirector, una vez que las minutas correspondientes hayan sido procesadas a través de la Sala Situacional. Con esta orden, el referido cuerpo da un nuevo paso en cuanto a la instauración de la censura.

*La semana pasada, voceros gubernamentales declararon que durante el primer semestre de 2018 hubo 6561 homicidios. Esta es una verdad a medias. En primer lugar, no se tomó en cuenta los homicidios en centros de reclusión, ya sean retenes o internados judiciales. En esas instalaciones hubo 144 muertes, que no están reflejadas en la cifra filtrada a los medios. Tampoco se tomó en cuenta los casos por supuestas “resistencias a la autoridad”. En ese renglón, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, han ocurrido 2983 muertes. Estos casos deben ser investigados como homicidios, en los que eventualmente el fiscal podrá determinar que hubo circunstancias que ameriten una exención de responsabilidad penal para los funcionarios policiales o militares, en virtud de haberse comprobado la existencia de las condiciones para la defensa propia o de terceros. El gran total sería de 9597 homicidios para el primer semestre de 2018, y no 6581.

Este juicio se las trae

*El juicio que se adelanta en la corte del Distrito Sur de Florida contra por lo menos cuatro venezolanos, conocidos mediante el término genérico de bolichicos, es el producto de una investigación de más de dos años, llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La pesquisa, conocida con el nombre código Money Flight (Vuelo de Dinero), llega directamente –y una vez más- al entorno presidencial. Esta vez no se trata de tráfico de drogas, pero sí de legitimación de capitales procedentes de la corrupción en Petróleos de Venezuela. Buena parte de lo que hoy se ventila en los tribunales de Estados Unidos sobre este expediente fue advertido en su momento por el ex gobernador de Aragua y ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante. “Este caso se acerca a la gestión de Maduro, como ninguno otro”, afirmó durante una conversación telefónica. Hasta ahora, están encausados (aunque libres) los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Cróquer (caracterizado por EEUU como un “lavador de dinero profesional”), Carmelo Urdaneta Aquí (ex asesor legal del Ministerio de Minas) y Abraham Edgardo Ortega (ex director de Finanzas de Petróleos de Venezuela), así como el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el portugués Hugo André Ramalho Gois, el banquero alemán Matthias Krull y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta. De los últimos cuatro, están detenidos Hernández Frieri y Krull. Las aprehensiones permitieron conocer los detalles del caso, que de otra forma permanecería en secreto. Según el Departamento de Justicia estadounidense, todos estos individuos y otros cuyos nombres no han sido divulgados formaban parte de una estructura que aprovechaba el diferencial cambiario existente en el país para simular préstamos a la estatal petrolera en bolívares, que luego esta corporación pagaría en dólares a la tasa más baja. Este es el tercer expediente que se ventila durante los últimos dos años en EEUU sobre corrupción y sobornos en Petróleos de Venezuela. Los otros dos involucran a Roberto Rincón y Abraham Shiera (Houston) y el ex Tesorero Alejandro Andrade (Virginia). Pero previamente hubo escándalos internacionales que permitían avizorar lo que vendría, como fueron el desfalco al fondo de pensiones y el expediente del maletín repleto de dólares de la empresa petrolera, que llevaba a Argentina el empresario Guido Antonini. Tablante señaló que todas estas prácticas de corrupción se hicieron habituales durante la gestión de Rafael Ramírez, primero en declarar abiertamente que la estatal petrolera obedecía a los dictados de un partido político (“Pdvsa es roja-rojita”). Ahora, el exministro ha devenido en crítico al gobierno de Maduro. Sobre este último caso con seguridad se darán a conocer nuevos detalles en el tribunal de Florida, puesto que vendrán acciones civiles y penales que permitirán conocer con detalle los bienes que poseían Convit Guruceaga y sus asociados.

*Continúa el deslave en las filas militares. El 19 de julio, el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, ordenó dar de baja a 277 efectivos de tropa. La mayoría de los expulsados son sargentos primeros o segundos, que no tendrían más de cinco años de recorrido en la carrera de armas. Pero también hay sargentos mayores de tercera, que podrían tener ocho o más años en las filas castrenses. Esta decisión fue tomada en virtud de que los referidos militares se ausentaron en forma injustificada de los cuarteles. Entonces, son deserciones que no son tramitadas como tales ante los juzgados militares, que actualmente están muy ocupados con el procesamiento de las disidencias políticas. Si todos los desertores fuesen enjuiciados, la justicia castrense colapsaría. En la Guardia Nacional ocurre una situación similar. De allí la insistencia de la jerarquía castrense en exaltar los beneficios de la carrera militar. En un acto celebrado en Maracay, el jefe del Ceofanb, almirante en jefe Remigio Ceballos destacó que durante la era del chavismo-madurismo los integrantes de la FAN han recibido beneficios como nunca antes, en términos de viviendas, vehículos y créditos para los oficiales jóvenes. Los hechos, sin embargo, parecieran indicar que cuarteles adentro no están muy convencidos.

@javiermayorca

 

NO COMMENTS