Javier Ignacio Mayorca: El oro y el retén

Javier Ignacio Mayorca: El oro y el retén

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-Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo.

1) El oro a escondidas

Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.

En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.

En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de abril, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.

El oro fue llevado a Dubai en este jet

El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.

2) Los muertos que no quieren contar

Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.

Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.

La presencia de mujeres en el lugar formaba parte de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue denunciado por los familiares de los reclusos. Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.

La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.

Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.

De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable.

Breves

*Una nueva ola de extorsiones telefónicas se registra en los estados centrales del país. De acuerdo con víctimas que han escrito al correo [email protected], las llamadas amenazantes son atribuidas a miembros del Tren de Aragua, quizá la mayor megabanda del país en la actualidad, no solo por el número de miembros sino también por las fuertes evidencias de su enganche con factores de la política regional y nacional. Por citar una: en diciembre de 2016, la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela prometió que el internado judicial de Aragua entraría en su particular noción del “régimen penitenciario”. Todavía se espera que cumpla lo dicho. Mientras tanto, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional intenta aprovechar la situación. Recientemente, fue distribuida una encuesta entre los jefes de las unidades regionales, en las que se les exhorta a responder que están de manos atadas frente a la catarata de extorsiones, porque supuestamente no disponen de los recursos humanos ni la tecnología para afrontar esta tarea. El mensaje al Ministerio de la Defensa, desde luego, es que necesitan más dinero. Veremos qué contestan desde Caracas.

*Desde el ministerio de Relaciones Interiores indican que, al cerrar el primer trimestre de 2018, los cuerpos policiales han ultimado a 1.413 personas en el curso de 1.550 casos de supuestas resistencias a la autoridad. Esto representa un tercio de todos los homicidios reportados durante este lapso (4.686). Esta cifra no toma en cuenta los fallecidos durante motines en los retenes policiales e internados judiciales, ya referida más arriba. Tampoco incorpora el número creciente de “averiguaciones/muerte”, o casos en los que no se ha determinado con claridad la causa del fallecimiento. Desde enero hasta marzo, el total de muertos a manos de policías y militares no ha cesado de aumentar, desde 423 en el primer mes hasta 607 en el tercero. En la actualidad, todos los días mueren en promedio 16 personas a manos de agentes de los distintos cuerpos de seguridad.  Las lógicas de represión y “mano dura” operan tanto en el Gobierno como en la oposición. Muy pocos quieren observar este asunto, y caracterizarlo como problema. Creen que actualmente la eliminación física de las personas que delinquen es la única solución efectiva para la inseguridad, ante el evidente colapso de las instituciones, entre ellas las encargadas de impartir justicia.

*El lunes 2 de abril, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibió una carta firmada por los abogados Evelyna del Carmen D’Apollo, Gonzalo Antonio Alvarez y Gonzalo José Oliveros, quienes tuvieron que huir de Venezuela luego de ser juramentados por la Asamblea Nacional como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y permanecen en ese país en calidad de refugiados. El documento se describe como un “derecho de petición” formulado ante el despacho de Maria Holguin, pero realmente es una declaración en la que los remitentes dicen ser “no intervinientes y no participantes” en el antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. La carta tiene seis páginas, y desde luego aquí no serán transcritas. Solo uno de los últimos párrafos que condensa la idea principal: que “se tenga a los peticionantes, a los efectos de la República de Colombia y la protección como refugiados que nos ha otorgado, como no participantes ni interesados del evento”, que finalmente se llevó a cabo el martes 3 en instalaciones del Congreso colombiano. Como se recordará, ese día la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luisa Ortega solicitó a los magistrados del llamado TSJ Legítimo la admisión de las pruebas sobre supuestos sobornos al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios por parte de la Constructora Odebrecht, y que en consecuencia sea emitida una orden de captura internacional en su contra. La posición de los tres magistrados tomó por sorpresa a algunos que sí participan en el proceso judicial contra el Jefe del Estado. “Es una locura”, exclamó uno, al ser consultado sobre la misiva. Luego, advirtió que esta decisión pudo obedecer a la presión de factores políticos que favorecen un entendimiento con el Gobierno. Mientras tanto, el hijo de uno de los magistrados argumentó que ellos no se sienten parte del grupo que motoriza el antejuicio de mérito:”(Esos magistrados) empezaron a hacer sentencias en las que por ejemplo no se citan a las partes, lo cual viola el debido proceso, y es lo que criticamos del actual modelo que impera desde hace 18 años (…) Lo que se hizo en Bogotá no solo menoscabó el debido proceso sino que también creó enormes espectativas, que desafortunadamente no van a cumplirse”.

Para comunicarse con el autor de este blog, hacer denuncias o enviar algún dato de interés sobre el problema de la criminalidad en Venezuela puede escribirme a mi correo electrónico [email protected]

@javiermayorca