Javier Ignacio Mayorca: Resistencia a la autoridad

Javier Ignacio Mayorca: Resistencia a la autoridad

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Cuando ya no quedan manzanas para seducir a la población, lo que viene es la represión sin freno. Las cifras sobre la “resistencia a la autoridad” lo confirman

En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.

Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar Garzón.

Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los que menos tienen, religiosos y ateos… todos parecen unidos en un mismo clamor, que es la disminución de la criminalidad.

Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”. En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.

Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por las bandas que ellos dicen combatir.

¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó.

Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.

De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3% superior que el de 2016.

Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado.

Cuando ya no hay manzanas para ofrecer…

Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control a la delincuencia. Anteriormente, el Gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos. Y pronto eso no será suficiente.

No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar. Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de 2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia.

Breves

*La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos. Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones” contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos. De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino, sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.

*La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo, destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo policial, si sus nombres no pueden ser verificados.

*Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes. Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre. Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor, identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar venezolano.

*La inseguridad en el Metro de Caracas va en ascenso. Según el nuevo director de Seguridad del municipio Chacao, comisario Luis Godoy, en esa jurisdicción las salidas del subterráneo entre Chacao y Altamira son puntos calientes de la delincuencia. Esto ha obligado a la policía municipal a establecer planes de acción combinada con la Policía Nacional, que tiene asignada la vigilancia en los espacios internos de ese sistema de transporte. Según Godoy, los individuos que arrebatan sus pertenencias a los usuarios que van saliendo o entrando utilizan los pasajes internos del Metro como vías de escape. Pero esto no sucede solamente en Chacao. Hay denuncias de hechos similares en estaciones muy concurridas como Plaza Venezuela y El Silencio. La PNB parece no darse abasto para afrontar este reto, y el Gobierno ha tenido que asignar como complemento a agentes de la División contra Robos de la policía judicial, lo que constituye una desviación de recursos de un cuerpo que no está diseñado para funciones preventivas. Para colmo, las instalaciones del sistema de transporte están siendo vandalizadas. El 26 de octubre a las 10 pm, por ejemplo, se reportó una falla eléctrica en la estación Mamera. Al rastrear el origen del desperfecto, los uniformados se percataron de que habían hurtado 15 metros de cable de cobre, conductor de alta tensión.

*El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) remitió a la comandancia general de ese componente una propuesta para la activación de una escuela nacional de formación, que supla con funcionarios especializados a la referida unidad. Desde una perspectiva netamente institucional, no habría ninguna objeción a esta iniciativa. El secuestro y la extorsión están en auge en el país, a pesar de lo que diga la propaganda oficial. Hay zonas de Guárico, Zulia, Barinas, Trujillo y Táchira que están bajo el control de bandas erigidas en mafias, y allí prácticamente han suplantado al Estado. Pero uno no puede perder de vista que el Conas ha sido fundamental en el ejercicio de la represión estatal contra todo tipo de disidencia política. Los elementos de esta unidad especializada han arremetido contra las viviendas de manifestantes, utilizando vehículos blindados; han saqueado inmuebles y han robado vehículos y transeúntes por la sola percepción de que se involucraban en manifestaciones antigubernamentales. Un instituto de formación del Conas, bajo tutela militar, podría constituirse entonces en un centro de formación de represores. En la situación actual no existe ninguna garantía de que las cosas serían de otra manera.

*El 26 de septiembre, la dirección de Actuación Procesal del Ministerio Público recibió una denuncia contra el abogado Felipe Hernández Trespalacios, fiscal 66 con competencia en protección a la Familia, Niña, Niño y Adolescente, según la cual el funcionario supuestamente desvió una pesquisa de un expediente iniciado en 2016 “para favorecer a una de las partes”. La denuncia formulada por un ingeniero de apellido Negretti se suma a señalamientos de otros afectados que se remontan al caso de la ex juez Maria Lourdes Afiuni, y más recientemente a quejas formuladas por su desempeño durante la pesquisa sobre supuestos abusos sexuales en el colegio Emil Friedman. En este caso, Hernández fue objetado no sólo por la defensa del principal acusado, sino también por representantes de las víctimas. Más recientemente, fue divulgado a través de un portal web un video en el que Hernández es increpado aparentemente por una compañera de trabajo: “Dame lo que me toca…”, le gritaba. En otro contexto, esto sería más que suficiente para una investigación interna.

@javiermayorca

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