Juan Francisco Alonso: Los servicios secretos chavistas tienen a 21 personas detenidas...

Juan Francisco Alonso: Los servicios secretos chavistas tienen a 21 personas detenidas arbitrariamente

COMPARTIR

 

La actuación, al margen de la ley, del Sebin es uno de los señalamientos que sustentan la demanda por delitos de lesa humanidad que hace diez días la removida fiscal general, Luisa Ortega Díaz, llevó a La Haya contra el presidente Nicolás Maduro y cuatro altos cargos militares

Entre los casos denunciados al tribunal de La Haya (Holanda) está el de los 14 agentes de la Policía de Chacao detenidos a mediados del año pasado, bajo la acusación de ser los autores del asesinato de exjefe de prensa de la Asamblea Nacional, el periodista oficialista Ricardo Durán.

La liberación del dirigente opositor Yon Goicoechea el pasado 3 de noviembre puso sobre la palestra nuevamente la situación de las personas que están detenidas en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), los servicios secretos chavistas, pese a que distintos jueces han ordenado su liberación y/o el otorgamiento de beneficios como casa por cárcel.

Aunque algunos vieron en el caso del ahora candidato a la Alcaldía de El Hatillo, a quien el Tribunal 21 de Control de Caracas ordenó devolver a las calles en diciembre de 2016, un gesto encaminado a resolver la irregularidad, de cara al nuevo proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición de República Dominicana, pero lo cierto es que parece no ser así y muestra de ello es que en las celdas de El Helicoide todavía permanecen privadas arbitrariamente de libertad 21 personas.

La cifra figura en la voluminosa querella que hace diez días la fiscal general removida por la cuestionada Constituyente, Luisa Ortega Díaz; presentó ante la Corte Penal Internacional contra el dictador Nicolás Maduro y cuatro militares, entre ellos el general Gustavo González López, quien dirige el organismo de inteligencia.

Entre los casos denunciados al tribunal de La Haya (Holanda) está el de los 14 agentes de la Policía de Chacao detenidos a mediados del año pasado, bajo la acusación de ser los autores del asesinato de exjefe de prensa de la Asamblea Nacional, el periodista oficialista Ricardo Durán; y quienes en julio de 2016 debieron ser liberados luego de que el Ministerio Público decidiera no pedir su enjuiciamiento, por no hallar pruebas que demostraran que estaban involucrados en el crimen. Pese a que un juez ordenó su excarcelación los uniformados siguen tras las rejas y ni la huelga de hambre que hicieron meses atrás ha cambiado su situación.

Otro caso expuesto es el del diputado al Parlamento regional de Barinas, Wilmer Azuaje, detenido en mayo pasado por agentes del Sebin y quien desde hace semanas debería estar en su casa cumpliendo arresto domiciliario, en virtud de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero igualmente continúa en los calabozos del organismo dirigido por González López sin que el máximo juzgado tome alguna medida para poner fin a este flagrante desacato.

Un delito contra los DDHH

Para Ortega Díaz esta situación forma parte del patrón de delitos de lesa humanidad que el Gobierno de Maduro viene cometiendo desde hace más de dos años. “Estas personas son presos políticos, porque están detenidos por razones políticas y no jurídicas. Ellos tienen boleta de excarcelación emitida por un tribunal y además la investigación que en su momento hizo el Ministerio Público los exculpaba de los delitos de los que se les señalaba”, afirmó Zair Mundaray, director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio, quien recordó que por ese motivo citaron para imputar a González López, para que respondiera por estas “detenciones arbitrarias”.

El artículo 44 de la Constitución es claro al señalar: “Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta”.

Sin embargo, hay quienes creen que además de una detención arbitraria, el Sebin comete otro delito: Secuestro. Uno de ellos es el constitucionalista Luis Herrera Orellana, quien apuntó: “En el caso de las personas detenidas en Venezuela, sin garantías judiciales, por razones políticas, se sabe que éstas están siendo usadas para extorsionar y chantajear políticamente a familiares, partidos y a los propios detenidos y exigirles aceptación del proyecto político chavista -no se puede descartar que también lo hagan para obtener beneficios económicos-, de modo que también podría calificarse la acción de detener a personas por motivos políticos y con fines de extorsión como un secuestro, que se agrava cuando además se desacata una orden judicial que ordena poner fin a la detención. Por tanto, estamos ante una violación de Derechos Humanos y al mismo tiempo ante la comisión de un delito común, agravado, en contra de los disidentes políticos del chavismo”.

No obstante, no todos concuerdan con el catedrático. “Para que haya un secuestro es necesario que haya una solicitud de rescate y aunque hay información de que no dejan salir a alguna de estas personas si antes no pagan unas altas sumas de dinero, lo mismo no está comprobado”, rebatió la profesora Laura Louza, presidenta de la organización Acceso a la Justicia, la cual se encarga de monitorear al sistema judicial, y quien agregó: “Lo que está ocurriendo con estos casos es una detención o una retención arbitraria, porque ya fueron detenidos y hay unas órdenes del Poder Judicial para que sean excarcelados y las mismas no se cumplen, por eso se habla de detención arbitraria”.

Mundaray, por su parte, estuvo de acuerdo de que a la luz de la legislación venezolana vigente no se puede hablar de secuestro y por ello propuso realizar a futuro una reforma para prevenir situaciones como las actuales. “Existe una figura en la Ley contra la Extorsión y el Secuestro que se denomina secuestro por canje de detenidos, la cual castiga que una persona secuestre a otra para que liberen a alguien más, como factor de negociación, por lo que pudiera decirse que esas personas que se mantienen detenidas con boleta son un factor de negociación o presión frente a la disidencia, pero habría que modificar la norma vigente para enmarcarlo bien”.

Solo en dictadura

Para Louza estos casos prueban que el chavismo sacó a Venezuela de la senda democrática. “El Sebin hace lo que considera, independientemente de lo que digan los tribunales y de lo que diga el Ministerio Público, los cuales están sometidos al Ejecutivo y no al revés, como es en un Estado de Derecho”, dijo, al tiempo que advirtió que esto coloca en indefensión a todos los ciudadanos.

En similares términos se pronunció Herrera, quien afirmó: “Lo que se trata de es enviar un mensaje a la disidencia y en general a toda la sociedad, incluidos los funcionarios que trabajan para otros poderes del Estado: aquí mandan los militares, los policías y los que manejan armas, la fuerza, la violencia, no los que aplican leyes y normativas ´burguesas´ (…) Se trata de aumentar el terror en la población, en los adversarios y en las demás facciones del chavismo: ‘no nos importan órdenes judiciales, nuestros enemigos seguirán en la cárcel’”.

De prosperar la querella de Ortega Díaz en La Haya González López tendrá que responder esas decenas de personas a las que ha mantenido tras las rejas más allá lo ordenado por la justicia.

Otros encerrados

1 Víctor Ugas. El periodista detenido a finales de 2015, por difundir en las redes sociales imágenes de la autopsia del asesinado diputado chavista Robert Serra, es posiblemente el preso arbitrario de más vieja data, hasta ahora, pues a principios de 2016 un tribunal ordenó su excarcelación, medida que luego revocó y en abril de este año otro juzgado lo mandó a la calle, pero por haber cumplido su condena. Pese a este segundo y último fallo sigue tras las rejas. El equipo de Ortega Díaz no lo tiene contabilizado, porque no tiene copia de su boleta de excarcelación.

2 Iraj Niroumand. El ciudadano irano-canadiense detenido a finales del año pasado por estafa sigue preso en El Helicoide, pese a que a finales de diciembre un tribunal le otorgó casa por cárcel. ¿La razón? No habría querido pagar 10 mil dólares a funcionarios del Sebin, según publicó el portal de noticias Runrun.es en un enero pasado. Pero este no es el único caso, en predios judiciales se asegura que dentro del organismo hay una banda que se encarga de extorsionar a detenidos.

3 José Vicente García. El concejal por la ciudad andina de San Cristóbal fue detenido a principios de septiembre de 2016 señalados como Goicoechea de pretender generar desórdenes y como el ahora candidato a la Alcaldía de El Hatillo un tribunal ordenó liberarlo en diciembre pasado, pero sigue tras las rejas.