Maibort Petit: A dos años del arresto, los narcosobrinos podrían negociar con...

Maibort Petit: A dos años del arresto, los narcosobrinos podrían negociar con el gobierno de los EEUU

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Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela han pasado dos años tras las rejas. En la última etapa del proceso, los dos acusados de narcotráfico esperan la lectura de la sentencia que tendrá lugar el 14 de diciembre de 2017. Aunque pareciera que su suerte está echada, una fuente ligada al caso, aseguró que agentes externos habrían informado sobre la posibilidad de negociar información privilegiada a cambio de una condena menos severa.

El 10 de noviembre de 2015 se produjo un acontecimiento que dirigió las miradas del mundo entero hacia Venezuela, ya no por los hechos de naturaleza política que habían llenado las páginas de periódicos desde hacía casi dos décadas luego del arribo al poder de Hugo Chávez y, a la muerte de este, los sucesos que han caracterizado la gestión de su sucesor, Nicolás Maduro. El viraje se dirigía en esta oportunidad a un evento inusitado, inédito en la historia venezolana: El arresto de dos sobrinos de la pareja presidencial en Haití, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos a raíz de una acusación por conspirar para introducir y distribuir 800 kilos de cocaína al territorio norteamericano.

A dos años de aquellos hechos, las expectativas se mantienen en torno a este caso, pues aunque sus principales protagonistas, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, fueron declarados culpables por un jurado en el juicio en su contra que se celebró en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, aún hay que aguardar por la sentencia que emitirá el juez de la causa, Paul Crotty, la cual ya ha sido pospuesta en varias oportunidades.

Inicialmente, el día en que se conoció el veredicto, el 18 de noviembre de 2016, el magistrado informó que el fallo sería leído el 7 de marzo de 2017 pero, desde entonces, ha sido postergado en varias ocasiones.

Uno de los últimos giros del caso a que haremos referencia en estas líneas antes de resumir los acontecimientos ocurridos desde que se diera a conocer la detención de los primos Flores en Puerto Príncipe, da cuenta de la posibilidad de que el gobierno de Venezuela se haya activado para evitar que Campo Flores y Freitas sean condenados a cadena perpetua, algo que podría ocurrir luego de se conociera la evaluación del caso que hiciera el juez Crotty después de la audiencia oral de argumentos en la que la defensa formuló sus objeciones al Informe de Investigación Final previo a la Sentencia en el que la corte ratificó el nivel de ofensa de los acusados en 43, el más alto de acuerdo a la tabla de sentencia, un instrumento que permite catalogar las directrices y agravantes para fijar las condenas federales en los Estados Unidos.

Una fuente ligada al caso -que declaró bajo condición de que se preservara su identidad- informó que desde Venezuela han comenzado a tenderse puentes que buscan una posible negociación que permita obtener una pena menor a la solicitada por la fiscalía. Aunque en varias oportunidades se dijo en el transcurso del proceso judicial que los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro podrían llegar a un acuerdo con el gobierno estadounidense, esto siempre quedó en el terreno de las especulaciones propias de este tipo casos. En esta oportunidad, dada la cercanía a la última fecha fijada por el juez Paul Crotty para dar lectura a la sentencia, la fuente asegura que estarían proponiendo la entrega de información privilegiada a cambio de una condena menos severa. Esta información no ha sido confirmada oficialmente. La fuente precisó, eso sí, que la iniciativa proviene de afuera —la familia de los acusados y agentes del alto gobierno— y no como una propuesta de Campo Flores y Flores de Freitas, quienes —salvo sus declaraciones al agente de la DEA, Sandalio González— han insistido en declararse inocentes.

Ante esa posibilidad consultamos a un abogado experto en el tema, Jorge García quien explicó que con los fiscales federales siempre hay tiempo para negociar, y que es probable que los acusados, su defensa o los familiares, al ver que son altas las probabilidades que la justicia norteamericana dicte una condena ejemplarizante a los dos familiares del presidente de Venezuela, hayan decidido intervenir en la última parte del proceso y empezar a negociar.

García señala que esta no sería la primera vez que esto ocurre. “He seguido de cerca los casos de muchos narcotraficantes mexicanos que para evitar ser condenados de por vida han logrado acuerdos de última hora con los fiscales que los han beneficiado. El famoso caso de Eduardo Arellano Felix, alias “El Doctor” y quien fuera el líder del cártel de Tijuana negoció con la fiscalía unos días antes de ser condenado, y acordó pagar 50 millones de dólares al gobierno de EEUU, seguidamente, el juez accedió a quitarle 4 cargos por narcotráfico lo que conllevó a pasar sólo 15 años en la cárcel” afirmó el jurista.

-Así ocurrió con los otros dos hermanos Arellano, en el caso de Francisco Javier Arellano iba a ser condenado a pena de muerte en California pero tras la negociación a días de su sentencia solo pasará 23 años preso, y el otro hermano Benjamín Arellano estará a penas 20 años tras las rejas. Los tres hermanos convictos por narcotraficantes y otros crímenes pagaron al gobierno presidido por Barack Obama un total de 200 millones de dólares como resultados de sus acuerdos con el Departamento de Justicia y lograron su objetivo de bajarse su tiempo en prisión, dijo García.

El experto sostiene que en el sistema norteamericano el dinero y la información privilegiada perdonan las cadenas perpetuas. “Esos son los beneficio que logran los convictos por la delación a otros narcotraficantes que son requeridos por los autoridades norteamericanas y que necesitan de datos creíbles para poderlos capturar a los miembros claves de las organizaciones criminales”, acotó.

Aclara que en muchos casos los jueces no están de acuerdo con las negociaciones que hacen los fiscales federales, pero la ley no permite que la corte participe en las acciones que tiene el gobierno en esta materia, por lo que a los magistrados no les queda otra opción que confiar en el juicio del fiscal y en las evaluaciones que hagan sobre cada caso en particular.

Las prórrogas pueden seguir

La lectura de la sentencia de los Flores ha tenido varias prórrogas por diversos motivos. En fecha 20 de febrero de 2017, el juez Crotty aprobó una solicitud de la defensa de Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas para aplazar por dos semanas la lectura del fallo. Querían los abogados de los Flores —en solicitud presentada el 23 de enero de 2017— un mayor plazo para entregar a la corte las respuestas a los movimientos presentados por la fiscalía, en los que descalificaba y exigía negar una petición de los representantes legales de los sobrinos de Cilia Flores de que se realizara un nuevo juicio. Los defensores habían requerido al tribunal una sentencia de absolución, sustentados en lo que estimaron una insuficiencia de pruebas usadas en el juicio que declaró culpables a sus clientes. Para ello presentaron un documento de conformidad con la Regla 29 (c) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal.

 

El 24 de marzo, el juez Paul Crotty negó el petitorio de los Flores de realizar un nuevo juicio o de dictar una condena absolutoria, al estimar que la fiscalía había logrado probar, más allá de la duda razonable, que Campo Flores y Flores de Freitas conspiraron para traficar la droga que tenían previsto enviar a los Estados Unidos vía Honduras y México.

Sostuvo el magistrado que para declarar una sentencia de absolución de cualquier delito, la evidencia presentada debe ser “insuficiente” para sostener una condena, algo que no ocurrió en el caso en cuestión.

Luego de la revisión de las mociones presentadas por los abogados de los Flores, la corte decidió que la lectura de la sentencia tendría lugar el 26 de junio de 2017. Pero un nuevo documento se dio a conocer en la corte, en el que se corría un día la lectura del fallo, es decir, para el 27 de junio.

Pero cuando estaba próxima la fecha, el 17 de junio, los defensores de Campo Flores y Flores de Freitas solicitaron un aplazamiento[8], para lo cual alegaron que necesitaban elaborar un resumen, además de litigar los puntos que se plantean en los informes, una tarea que les requería más tiempo del previsto. Sin embargo, los abogados no tuvieron suficiente con la prórroga concedida y pidieron más tiempo. Una solicitud a la que la fiscalía accedió, por lo que el juez Crotty fijó como nueva fecha para dictar sentencia el 12 de septiembre para Franqui Francisco Flores de Freitas y el 13 de septiembre para Efraín Antonio Campo Flores.

Para el 6 de septiembre los despachos Boies, Schillere & Flexner LLP que defiende a Campo Flores y Sidley Austin LLP que representa a Flores de Freitas, presentaron una carta al tribunal en la que rechazaban que el gobierno anduviera en procura de una sentencia de cadena perpetua contra sus clientes sin tomar en cuenta que estos carecían de antecedentes penales, además haberse tratado de un caso manejado como una conspiración aun cuando no hubo droga incautada y no hubo violencia. “En consecuencia, pedimos respetuosamente a la Corte que establezca un calendario que permita al tribunal y a las partes trabajar las complejas cuestiones legales y fácticas que son comunes para los dos demandados, en relación con las numerosas mejoras de las Directrices expuestas en el Informe previo a la sentencia (PSR)”.

Luego se conoció que el juez, Paul Crotty, fijó la lectura de la sentencia de los primos Flores para el 14 de diciembre de 2017.

El comienzo de la historia

El 10 de noviembre de 2015 se informó del arresto de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, cuando negociaban el pago de un cargamento de 800 kilos de cocaína que enviarían desde Venezuela a Estados Unidos, vía Honduras, en el hotel “Servotel” de la capital haitiana.

Una aprehensión que corrió por cuenta de la Oficina de Lucha contra el Narcotráfico (BLTS, por las siglas en francés de Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants), a solicitud de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de (DEA, por las siglas en inglés respecto al nombre Drug Enforcement Administration), agencia del gobierno de Estados Unidos que les hacía seguimiento a los primos Flores desde hacía varios meses.

Una bomba que pese a haber explotado a cientos kilómetros de distancia, había hecho remecer los cimientos del gobierno venezolano, el cual se accionó de inmediato para tratar de determinar lo que estaba ocurriendo con los familiares de la primera dama.

Se supo que luego de haberse cubierto los trámites legales, las autoridades de Haití procedieron a expulsar a Campo Flores y Flores de Freitas y los entregaron en custodia a los agentes de la DEA, quienes los trasladaron entonces a EE. UU. para que respondieran por los cargos que cursaban contra ellos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Allí iban a ser procesados judicialmente por los delitos que les imputó un Gran Jurado.

Su arribo a suelo estadounidense distó mucho de sus anteriores viajes de placer y negocios, pues cuando el avión aterrizó a las 8 y 10 minutos de la noche en el aeropuerto de White Plains en el condado de Weschester en Nueva York, no los esperaba un lujoso hotel, sino las frías celdas del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés), ubicado a pocos metros del edificio 500 Pearl Street en Manhattan, sede de la citada corte del Distrito Sur de Nueva York que, el 12 de noviembre les daría la bienvenida.

Presentación ante la justicia

Ante el juez accidental, James L. Cott, se presentaron en esta última fecha a 6 y10 de la tarde para la lectura de cargos presentados en su contra: Conspiración para (i) importar cinco o más kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero; y (ii) distribuir cinco o más kilogramos de cocaína conociendo y con la intención de que sería importada a los Estados Unidos.

Esto ocurrió en la sala de audiencias 5A del piso 5 de la referida corte, donde Efraín Antonio Campo Flores acudió representado por uno de los más costosos despachos de abogados del mundo: Squire Patton Boggs en las personas de John Reilly y Rebekah J. Poston y Alfredo G. Anzola. Flores de Freitas tuvo que acogerse a la defensa pública al no poder estar representados ambos por los mismos abogados.

 

El despacho del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, solicitó a través de los fiscales federales auxiliares, Emil J. Bove III, Mathew J. Laroche, Michael D. Lockard, y Brendan F. Quigley, la detención de los acusados. Los delitos imputados, se conoció en esa primera oportunidad, contemplan una pena máxima de cadena perpetua.

El juez Cott respondió favorablemente el pedido del gobierno y decidió que los acusados permanecieran detenidos. Fijó el 18 de noviembre de 2015 como el día en el que los primos Flores debían informar a la corte si se declaraban inocentes o culpables.

El magistrado también informó que la causa había quedado asignada al juez, Paul Crotty, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Por lo pronto, el MCC seguiría siendo el lugar de hospedaje de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana.

Especulaciones van y vienen: ¿Quién paga los gastos de defensa?

Desde aquella primera audiencia, comenzaron las especulaciones, principalmente las dirigidas a determinar quién costeaba los gastos de la representación legal de los familiares de la primera dama. Los periodistas y la opinión pública indagaban si los honorarios profesionales de los costosos abogados corrían por cuenta de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos o de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en esa nación. La respuesta a esta pregunta solamente llegó muchos meses después.

Al declararse Flores de Freitas incapaz de pagar su defensa privada, tuvo que acogerse a la pública y el juez Cott le designó como defensores públicos provisionales a Vincent Southerland y Jonathan Marvinny, del grupo Federal Defendant of New York Inc, quienes se encargaron de su representación legal hasta el mes de abril de 2016. Pero ese no sería el último cambio en los equipos de defensa de los Flores.

El peso de la confesión

Este asunto apenas comenzaba y desde ese momento, estos y los demás abogados que desde aquella ocasión defendieron los derechos de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, enfrentaron un grave problema: Campo Flores y Flores de Freitas habían confesado sus delitos durante el vuelo que los trasladó de Puerto Príncipe a Nueva York, al agente especial de la DEA, Sandalio González, encargado de llevar la investigación del caso desde hacía varios meses. A él, los acusados, le habían contado todos los detalles de la operación.

El fiscal Bharara se caracterizaba por la rigurosidad de sus investigaciones y en esta ocasión no había hecho la excepción, pues se había encargado de blindar el caso con evidencias que no dejaban dudas acerca de la veracidad de las acusaciones. Los fiscales designados por Bharara —Emil Bove III, Mathew J. Laroche, Michael D. Lockard, y Brendan F. Quigley— no se las pondrían nada fácil a la defensa. Además, contaban con un conjunto de informantes confidenciales y testigos cooperantes que les habían suministrado pruebas contundentes a los agentes de la DEA.

Estos informantes habían recabado registrados de audio y audiovisuales en los que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas declaraban de viva voz que se valdrían de vuelos legales que saldrían cargados de drogas embarcadas en las aeronaves desde la rampa presidencial del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía, donde ellos tenían absoluto dominio y sin que fueran objeto de los controles de seguridad comunes a todo ciudadano venezolano.

Ante agente González así como en las grabaciones, los acusados habían referido que los proveedores de la cocaína eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Asimismo, Campo Flores aseguró que parte del dinero obtenido de la venta de la cocaína sería utilizado para financiar la campaña electoral de su madre de crianza, Cilia Flores, quien se presentaba como candidata a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015.

Paralelamente, en el seno de los equipos de abogados defensores comenzaron a operar una serie de dificultades, sobre todo por las suspicacias sobre el origen de los fondos para el pago de una firma tan costosa como Squire Patton Boggs, razón por la cual John Reilly y Rebekah Poston, decidieron separarse y renunciaron el 16 de diciembre de 2015. Entonces Campo Flores se declaró insolvente ante la corte y el juez de la causa le designó como representante legal, al abogado de oficio, Kafahni Nkrumah.

Las tesis del gobierno venezolano

Desde que se había conocido este caso, el gobierno venezolano comenzó a operar, primero, para evitar la deportación de los Flores a los Estados Unidos, luego para que no fueran mantenidos detenidos, igualmente procurándoles la mejor defensa, silenciando a los medios de comunicación nacionales y emitiendo hipótesis acerca de las razones que habían motivado la aprehensión de los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro. En este sentido, insistieron en todo momento, en que razones políticas eran las que habían motivado el asunto. Una tesis que en todo momento la fiscalía rebatió, asegurando que sólo se trataba de un caso más de narcotráfico.

Entre las hipótesis manejadas por el oficialismo venezolano estuvo el secuestro. El primero en afirmar que Campo Flores y Flores de Freitas habían sido víctimas de un rapto fue el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, quien aseguró durante una entrevista televisiva que los familiares de la pareja presidencial habían sido secuestrados.

El hombre fuerte del chavismo comentó que era sumamente raro que en el arresto no hubiesen sido capturados el resto de la tripulación y la aeronave misma en la que viajaron los Flores a Haití.

Tiempo después, la propia Cilia Flores, secundó esta hipótesis que habría de ser sostenida y esgrimida hasta el final de juicio con diversas variantes.

Una y otra vez se dijo que los Flores podían llegar a acuerdos con el gobierno para declararse culpables y obtener una pena menor, pero no pasó del terreno de las especulaciones y resultaba poco creíble que el gobierno Venezuela fuera a aceptar que los dos hombres admitieran que eran narcotraficantes.

Más cambios de abogados

Otro cambio de abogados se produjo el 8 de marzo de 2016, cuando de la defensa de Campo Flores se hicieron cargo Randall Jackson y John T. Zack de la firma Boies, Schiller & Flexner LLP. El 6 de abril del mismo año, a Flores de Freitas comenzaron a representarlo Michael D. Mann y David M. Rody, del bufete Sidley Austin LLP.

Un cambio que nuevamente despertó las especulaciones acerca del origen de los fondos para pagar tan costosos despachos. A la diatriba se sumó la fiscalía, que denunció un conflicto de intereses[26] cuando se determinó que una misma persona pagaba los honorarios de los abogados de ambas firmas. Para blindarse en este sentido y evitar futuras impugnaciones, el gobierno exigió que ante el juez, Paul Crotty, los acusados declararan en una audiencia especial, que entendían perfectamente la situación y que estaban dispuestos a proseguir la causa con su nueva representación.

Solo un tiempo después —en septiembre— se pudo conocer que el empresario Wilmer Ruperti, simpatizante de la causa oficialista pagaba las facturas de los defensores de los primos Flores, una acción a la que solamente lo motivarían su puro patriotismo, según dijo. Sin embargo se conoció que para esa misma fecha, PDVSA le otorgó al empresario un contrato por 138 millones de dólares. Nuevamente la fiscalía quiso resguardarse ante este hecho.

Fueron muchas las prórrogas que este caso experimentó, primero —según los rumores de pasillo— porque había que evitar que el escandalo afectara al golpeado oficialismo en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2015. Después por las peticiones que cada despacho de abogados hacía para poder estudiar el expediente y preparar una estrategia de defensa.

Vale la pena destacar que el nombre de Wilmer Ruperti apareció nuevamente en los medios hace pocos días cuando se dio a conocer que el empresario chavista decidió pagar la defensa del mormón norteamericano Josh Holt, quien se encuentra preso en Venezuela desde 2016 acusado por el gobierno de Maduro de porte ilícito de armas de guerra. La madre de Holt apareció en una foto con Ruperti agradeciendo que éste le esté pagando los gastos de la defensa al joven de Utah.

La estrategia de la defensa

La incorporación de los nuevos despachos de abogados trajo consigo nuevas solicitudes de prórroga para que los juristas pudieran estudiar el caso y definir una estrategia.

Finalmente, cuando ambos escritorios jurídicos delinearon dicha estrategia, procedieron a establecer una serie de principios que rigieron su accionar durante el proceso judicial.

En este sentido, mantuvieron la tesis del secuestro con variaciones, pues sostuvieron hasta el último momento que sus clientes en lugar de haber sido detenidos, fueron víctimas de una captura carente de toda legalidad.

Igualmente, aseguraron a lo largo del juicio y posteriormente a este, que en dicho secuestro de los Flores, tuvo participación la DEA, aun cuando se encontraban en Haití, carentes de jurisdicción para actuar e intervenir.

En tercer lugar, los abogados dijeron que sus clientes fueron víctimas de una trampa urdida por la DEA con fines políticos.

En cuarto lugar, hubo una absoluta manipulación de las evidencias presentadas por parte de los informantes de la DEA, unos hombres que carecían de credibilidad y que engañaron a la agencia durante años, pues siguieron en las actividades de narcotráfico mientras trabajaban con el gobierno.

Los abogados defensores insistieron de todas maneras posibles para lograr la supresión de las evidencias recolectadas por el gobierno, pero el juez Paul Crotty desestimó sus solicitudes.

Entre el 7 al 18 de noviembre de 2016 tuvo lugar el juicio contra Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas en el que el jurado llegó a la conclusión de que ambos eran culpables de los cargos que se les imputaban. Y pese a que en los primeros momentos la defensa de los acusados salió bien librada y llegó a acabar la credibilidad de los informantes, no lograron que las pruebas fueran desestimadas, pues estas eran contundentes y la fiscalía logró hundir a los acusados con el peso de las evidencias.

El gobierno, pese a toda la astucia demostrada por la defensa, convenció al jurado de que los Flores no eran ningunos muchachos inocentes que habían sido engañados, sino que eran un par de narcotraficantes con experiencia. En tal sentido, el panel determinó con su veredicto que los sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro eran culpables.

Pero con la lectura de la sentencia en diciembre de este año, como ya se ha comentado al principio de esta nota, es probable que no concluya este caso, pues se cree que la defensa acudirá a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en el tiempo que la ley otorga para tal fin. En dicha corte, un panel de tres jueces determinará si el juicio que declaró culpable a los Flores presentó o no fallas en la aplicación de la ley.

Así que todo indica que seguiremos ante una historia que, por el curso de los acontecimientos, tendrá segunda parte.

Seguiremos informando…

Maibort Petit/Venezuela al Día