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Maibort Petit: Hermano de Rafael Ramírez implicado en lavado de dinero en bancos de Nueva York

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Soportándose en facturas falsas que alegaban servicios de consultoría prestados porfuncionarios del gobierno de Venezuela, esta empresa envió millones de dólares a los Estados Unidos, a través de Miami Equipment & Export Co., una empresa ubicada en el Doral, Florida. El nombre del hermano del entonces presidente de PDVSA, Fidel Ramírez Carreño, figura entre los beneficiarios de estas operaciones fraudulentas.

Una de las empresas cuestionadas en Venezuela por haber vendido al estado venezolano plantas con sobreprecio durante la crisis eléctrica que vivió el país —y que aún no ha sido superada—, salió a relucir en un escándalo de lavado de dinero que está siendo deliberado en un tribunal de Nueva York. KCT Cumaná II Internacional (denominada en la acusación federal como el “consorcio venezolano”) envió millones de dólares a una empresa de venta de materiales de construcción de Miami, para que ésta a su vez los transfiriera a cuentas privadas de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela.

KCT, propiedad de Blas Herrera, es el consorcio venezolano señalado por participar en el esquema de corrupción y lavado de dinero por el cual están siendo juzgados los dos dueños de la empresa usada en los Estados Unidos para hacer las transferencias ilegales, Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno estadounidense de operar un banco sin licencia y de haber blanqueado al menos unos 100 millones de dólares, haciendo un daño enorme al sistema financiero norteamericano.

En Venezuela, el consorcio KCT saltó a la luz pública por haberse beneficiado de varios contratos con sobreprecio otorgados por Bariven (filial de compras nacionales e internacionales de PDVSA), cuando la presidencia de la estatal petrolera estaba en manos de Rafael Ramírez Carreño, actualmente embajador de Venezuela en la ONU.

KCT Venezuela habría enviado millones de dólares a través de Miami Equipment & Export Co., soportados en facturas falsas que alegaban servicios de consultoría prestados por funcionarios del gobierno de Venezuela, entre quienes destaca el hermano del entonces presidente de PDVSA, Fidel Ramírez Carreño, un médico que ha ocupado varios cargos en la administración del fallecido Hugo Chávez, así como del actual mandatario, Nicolás Maduro.

En el caso también salió a relucir en nombre del asesor de quien fuera Ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Jesse Chacón, Enrique Rafael Cid Moros, quien adquirió un apartamento con dinero proveniente del consorcio KCT.

Otro de los funcionarios señalados es el exviceministro de Energía Eléctrica (2001-2006) y quien luego pasó a ser asesor del gobierno en esa materia, Nervis Villalobos. Figuran del mismo modo, algunos empleados de PDVSA y de Cadafe, esta última, empresa estatal de energía.

Las evidencias del gobierno

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó a la corte una solicitud para probar que las personas que recibieron fondos de los acusados de lavar más de 100 millones de dólares a través de la empresa Miami Equipment & Export Co., son empleados actuales o anteriores del gobierno venezolano, o están estrechamente vinculados con las agencias gubernamentales de Venezuela.

El fiscal de Nueva York, Joon H. Kim, argumenta en un documento entregado al tribunal, que su despacho presentará en el juicio por lavado de dinero que se le sigue a Luis Díaz y Luis Javier Díaz, una serie de hechos que tienen una relevancia sustancial para el caso y que se ofrecerán únicamente para los fines permisibles de establecer el motivo y posibles daños derivados de los delitos imputados, así como para refutar los argumentos anticipados de defensa anticipados.

Kim sostiene que el juicio se centrará en alegaciones de que los acusados ​​utilizaron cuentas bancarias bajo su control para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

— La evidencia establecerá que los demandados recibían rutinariamente transferencias electrónicas de empresas con sede en Latinoamérica, incluido un gran consorcio de empresas constructoras venezolanas conocido como KCT, antes de remitir esos pagos a terceros (los “beneficiarios”) en todo el mundo.

Señala la fiscalía que para enmascarar la función de la empresa KCT, que se identifica en la demanda como la “Compañía venezolana”, y los beneficiarios de las transacciones que KCT realizó, como los demandados, crearon facturas falsas que pretenden reflejar “servicios de consultoría” o “servicios profesionales” que los beneficiarios habían proporcionado a los demandados, justificando así los fondos que los acusados ​​enviaban a los beneficiarios bajo la dirección de KCT.

Precisa que entre las muchas personas que recibieron fondos de esta manera —a través de las cuentas bancarias de los demandados— había, al menos, cinco personas que estaban empleadas o estrechamente afiliadas con agencias del gobierno venezolano, con clara relevancia para el negocio de KCT. Estos pagos, que han sido una parte importante del caso del Gobierno desde la presentación de la denuncia penal, se hicieron todos como parte del plan elaborado, es decir, como fondos enviados desde KCT y pasados ​​a través de la cuenta bancaria de los demandados, soportados conforme a facturas falsas recuperadas de las oficinas de los acusados, que pretenden documentar los servicios de “consultoría” o “profesionales” que estos funcionarios del gobierno venezolano proporcionaron ostensiblemente a los acusados ​​y sus empresa.

Los beneficiarios

El Gobierno tiene la intención de ofrecer pruebas con respecto a los siguientes cinco beneficiarios, entre otros:

Fidel Ramírez Carreño cobró millones de dólares: Este beneficiario es hermano del actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), exministro de Hidrocarburos y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño.

La comunicación del fiscal Kim asegura que el Gobierno tiene la intención de ofrecer pruebas de que los acusados ​​usaron la cuenta bancaria de su empresa en el estado de la Florida para remitir cientos de miles de dólares del consorcio KCT a favor de Fidel Ramírez Carreño, quien se identifica en la querella como VG Oficial-1.

Los acusados lo hicieron de conformidad con facturas ficticias proporcionadas por el consorcio venezolano KCT, pero que pretenden haber sido creadas por Ramírez Carreño y dirigidas a los demandados, solicitando honorarios como “Consultor Profesional”.

La fiscalía adjuntó una copia de la factura a la petición formulada al juez de la causa.

La fiscalía luego determinó que, en ese momento, Fidel Ramírez Carreño era un empleado del gobierno venezolano, y que su hermano era el Ministro de Energía y Petróleos de Venezuela.

Empresa Offshore Sumus INC: En segundo lugar, el Gobierno de los Estados Unidos tiene la intención de ofrecer pruebas en el juicio de que los demandados canalizaron más de 600 mil dólares de la constructora KCT a “Sumus, Inc.”, una compañía con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

Los acusados, una vez más, lo hicieron valiéndose de una factura ficticia proporcionada por KCT, pero que pretendía reflejar los “Servicios profesionales” proporcionados por Sumus a los acusados. Si el tribunal lo permite, el Gobierno señalaría, además, que el único director de Sumus es un sujeto llamado Alí Matute, quien en ese momento era un empleado de CADAFE, una empresa estatal de energía y electricidad del gobierno venezolano.

Empleado de PDVSA involucrado en el esquema: En tercer lugar, el Gobierno norteamericano tiene la intención de ofrecer pruebas en el juicio de que los demandados remitieron fondos en nombre del consorcio venezolano KCT, en múltiples ocasiones, a Teddy Peralta, quien se identifica en la queja como VG Official-3. Como en las oportunidades anteriormente referidas, los acusados usaron una factura falsa proporcionada por KCT para justificar la operación en la que se pretendía reflejar el “Servicio profesional” proporcionado por Peralta a los acusados. La fiscalía alega que Peralta era, en ese momento, empleado de PDVSA, la empresa petrolera estatal venezolana.

Asimismo, la fiscalía presentará evidencias que prueban que los acusados remitieron, en múltiples ocasiones, fondos en nombre del consorcio KCT a Mario Vegas, tanto de manera directa, como a través de una compañía bajo su control, haciendo los pagos, en cada caso, basado las facturas ficticias proporcionadas por KCT, las cuales buscaban reflejar los servicios profesionales supuestamente prestados. Vegas era —al menos por una parte de la conspiración acusada— un empleado de CADAFE.

Igualmente, la fiscalía demostrará con evidencias que los acusados remitieron fondos en nombre de KCT a una compañía de maletín en los Estados Unidos con el propósito de comprar un condominio para un sujeto llamado Enrique Rafael Cid Montes, identificado en la demanda como VG-Oficial- 4. Luis Díaz y Luis Javier Díaz lo hicieron de conformidad con una factura ficticia proporcionada por la compañía de maletín y mantenida por los demandados, que pretendía reflejar que dicha compañía había proporcionado “servicios de ingeniería” a los demandados. Cid Montes era para ese momento asesor de CorpoElec, la compañía eléctrica del gobierno venezolano, designado por el entonces ministro, Jesse Chacón.

Kim sostiene que es indudable el hecho de que una empresa de construcción venezolana transfiriera dinero en forma reiterada a través de facturas ficticias mediante cuentas bancarias de los demandados a personas empleadas o afiliadas a agencias gubernamentales venezolanas —que trabajan en las mismas áreas en las que operaba KCT— lo que podría conducir a que un jurado razonable pueda concluir que había algo sospechoso en estas transacciones.

— Y es que ese es precisamente el punto que la fiscalía intenta establecer, a través de un testigo de la Oficina de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), que los remitentes de dinero legítimos y autorizados deben tener programas de cumplimiento y antilavado de dinero en su lugar de funcionamiento, para que puedan detectar y luego reportar actividad sospechosa a través de sus cuentas, como lo exige la ley.

El gobierno de los EEUU prevé establecer que los demandados no tenían dicho programa de cumplimiento y en ningún momento informaron de las actividades sospechosas por medio de un informe de actividad sospechosa (SAR) o de otro modo. Asimismo, la fiscalía sostiene que los demandados permitieron que estas transacciones fluyeran libremente a través de sus cuentas, sin hacer preguntas, ni mucho menos intentar detener o denunciar esta actividad sospechosa, lo que constituye una prueba directa del daño causado por los demandados como resultado de su falta de registro en los EE. UU. Según lo exige la ley y la Tesorería, se requiere una licencia para operar un banco de acuerdo con las regulaciones impuestas a las instituciones financieras legítimas, incluidos las dedicadas a transferir dinero.

La fiscalía advierte que la naturaleza sospechosa de las transacciones relativas al caso, junto con los requisitos de información impuestos a las instituciones financieras legítimas, ayuda a establecer los motivos de los acusados ​​y sus cómplices en Venezuela. En particular, el hecho de que las instituciones financieras legítimas podrían haber marcado estas transacciones y/o hecho preguntas sobre la corrección de los pagos. Este aspecto ayudará al jurado a entender por qué la empresa KCT aprobó estos pagos a través de los acusados ​​y sus cuentas bancarias, en lugar de intentar transferir el dinero directamente.

De manera similar —destaca el documento de la fiscalía— explica por qué los demandados mantuvieron falsas facturas que pretenden explicar los pagos y por qué pudieron cobrar tarifas significativas por sus servicios.

Asimismo, la fiscalía sostiene que la corte debe permitir que la evidencia de las identidades de los beneficiarios respalde los argumentos anticipados de la defensa, según los cuales los pagos en cuestión en este juicio sirvieron para fines comerciales legítimos.

El gobierno citó como ejemplo, una explicación usada por el abogado defensor ante el Tribunal en una audiencia preliminar al juicio, donde éste señaló que la posición de los acusados ​​es que “el dinero siempre provino de Venezuela, de personas que eran conocidas por los Díaz durante décadas en este caso, personas legítimas, dinero legítimo”.

— Suponiendo que siga siendo éste un argumento de la defensa en el juicio, el Gobierno debería tener derecho a refutar esa noción, que se trata de “transferencias comerciales legítimas”, con pruebas que permitan a un jurado razonable concluir lo contrario.

El fiscal aclaró que el Gobierno no tiene la intención de argumentar que los acusados ​​estaban tratando de sobornar a los funcionarios del gobierno venezolano, o que sabían que participaban en tales planes. “De hecho, la fiscalía no tendría objeciones en darle al jurado una instrucción tan limitante a este respecto, para dejar claro que los Díaz ​​no están acusados ​​de tal conducta. Tampoco existe la intención de obtener evidencia alguna sobre cualquier daño causado en Venezuela como resultado de cualquiera de estos pagos.

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En su lugar —aclara la fiscalía— la evidencia se ofrecería exclusivamente para establecer los componentes básicos de los delitos imputados, es decir, la forma en que la conducta de los acusados ​​no cumplió con los requisitos impuestos a los entes legítimos de transferir el dinero, así como el motivo de los demandados ​​y su coproducción, lo que le permitió a los conspiradores en evadir el sistema financiero legítimo de los Estados Unidos.

En la medida en que el Gobierno discuta sobre el daño de esa conducta, enfocará tales argumentos exclusivamente en el perjuicio causado en este país, a la santidad del sistema financiero de los Estados Unidos, acota Kim en su comunicación.

El fiscal aseguró que su despacho no tiene la intención de obtener más testimonios sobre las identidades de otros funcionarios venezolanos, más que los vinculados a estos delitos, para lo cual pretende presentar a un testigo experto con conocimiento del gobierno de Venezuela. No obstante, estaría dispuesto a hacerlo en su lugar a través del testimonio de un agente del orden público o un testigo lego (cuando sea posible), o mediante una estipulación.

Maibort Petit @maibortpetit / Venezuela al día