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Maibort Petit: INH: Una mina de corrupción que pasa inadvertido a los ojos del Ministerio Público

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La corrupción parece ser una característica inmanente a la administración pública venezolana, toda vez que se mantiene campante sin que los órganos jurisdiccionales, entre ellos el Ministerio Público, logren inmutarse ante ella, a no sea en aquellos casos movidos por la venganza política y la guerra de intereses.
El súbito ataque por combatir la corrupción imperante en el país, manifestado selectivamente en el Ministerio Público, debería extenderse a todos los despachos e instituciones de la administración pública que hasta la fecha parecen invisibilizados a los ojos de la justicia. Un ejemplo de ello es el Instituto Nacional de Hipódromos, INH, organismo administrador de las actividades hípicas en Venezuela en el que se mueven grandes cantidades de dinero sin el más mínimo control, oportunidad que aprovecha la rapiña para hacer de las suyas, según denuncias llegadas a esta página, superando con creces los métodos y hechos irregulares ocurridos durante la acusada cuarta república, a lo largo de las casi dos décadas que el chavismo lleva ostentando el poder.
El Poliedro de Caracas y la Maternidad Concepción Palacios se cuentan entre las obras que se materializaron durante le época democrática con dineros provenientes de la jugada hípica, cumpliendo así con el objetivo de beneficencia pública que las actividades oficiales de envite y azar tienen en todo país. Se preguntan nuestras fuentes que pidieron mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, ¿Cuántos hospitales y sitios de interés público se han construido con los dividendos que generan las carreras de caballos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro?
Desde que el 25 de octubre de 1999, el fallecido expresidente de la república, Hugo Chávez Frías,  por vía de Ley Habilitante emitió el Decreto con Fuerza de Ley que suprime y liquida el Instituto Nacional de Hipódromos y regula las actividades hípicas[1], la crisis del sector, lejos de haberse solucionado, se ha profundizado.
La prensa venezolana ha advertido que desde que se promulgó el Decreto N° 422, en el INH solamente se ha instaurado la pillería mafiosa a través de mecanismos que van desde la asociación para delinquir, juegos ilícitos, malversación de fondos, peculado doloso, peculado de uso, piratería e irregularidades de toda naturaleza.
En el portal Poderopedia se da cuenta que desde “el 25 de octubre de 1999, el presidente Hugo Chávez Frías creó la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, que tendría a tres representantes nombrados por los ministerios de Producción y Comercio y Finanzas; y otro por el Fondo de Inversiones de Venezuela. En 15 años, la junta liquidadora tuvo al menos nueve presidentes sin concretarse el objetivo de su creación. En noviembre de 2011, el Ministerio de Turismo asumió las riendas del ente liquidador que en ese entonces estaba en poder del Ministerio para el Despacho de la Presidencia. Luego, en agosto de 2013 pasó a ser manejada por el Ministerio de Deporte”[2].
Hasta ahora todas estas “juntas liquidadoras” instaladas desde entonces durante las administraciones de Chávez y Maduro, solamente han dado como resultado el cierre de los hipódromos de Valencia y Maracaibo (Santa Rita), quedando solamente “La Rinconada” en Caracas, sin que en él se vean los efectos de las reestructuraciones implementadas y sin que la Superintendencia Nacional de la Actividad Hípica (SINAHIP), haya tomado cartas en el asunto.
Así tenemos, un Instituto encargado del hipismo en Venezuela sin contraloría ni cuentas claras y en el que ha ido mermando la actividad, afectando la reconocida internacionalmente cría de purasangres venezolana, hoy disminuida y significativamente en manos de un grupo de nuevos millonarios, enriquecidos a la sombra de negocios públicos de muy dudosa probidad. Y es que desde 1998, gente que mantenía una vida modesta ha pasado a ser propietaria de haras y de cuadras de caballos, cuyo mantenimiento por ejemplar tiene un alto costo mensual.
¿En manos de quién está el INH?
Nuestras fuentes indican que desde que el INH fue entregado en concesión  a la empresa privada IP Tote, propiedad de José Ángel Silva, el descontrol y la inauditabilidad se han decretado en la que durante años fue una institución de carácter público en Venezuela. Nos refieren que la jugada hípica semanal, cuyos montos son un misterio total, es manejada con opacidad y discrecionalidad por los dueños de “IP Tote, C. A.” desde Barquisimeto, estado Lara, donde curiosamente no existe actividad hípica.
DE esta empresa, la página Pymes Venezuela dice que su Razón Social es IP Tote Venezuela, C.A., con sede en la Urbanización El Rosal, avenida Francisco de Miranda, Edificio Centro Seguros Sudamerica, Pent House PH-C, en el Municipio Chacao del Estado Mirada, que cuenta con 15 trabajadores y sus teléfonos son 0212-953.41.13 y 0416-635-46-54.
Allí también se lee que “el objeto principal de la compañía será la operación, administración y explotación de juegos y la apuesta hípica dentro y fuera de los hipódromos, así como la distribución, venta, control y administración de todo tipo de juegos de envite y azar permitidos por la Ley, en especial la creación, organización y asesoramiento de estructuras para el funcionamiento de empresas dedicadas a estos fines. En general, la compañía podrá realizar cualquier otro acto de lícito comercio que contribuya a la consecución de su objeto social”[3].
Se conoció que los propietarios de IP Tote, a razón de 60 y 40 por ciento accionario respectivamente, son Raúl Artigas Ramírez (Datos Integrados DINSA S.A.) y José Ángel Silva, quienes de acuerdo a informaciones confidenciales, habrían comprado el hipódromo privado “Rancho Alegre” de Ciudad Bolívar, el cual permanecía inactivo y repentinamente reinició carreras mientras los de Valencia y Maracaibo continúan cerrados y el de Caracas se mantiene en terapia intensiva.
José Ángel Silva habría comprado el 50 por ciento de las acciones al propietario original de “Rancho Alegre”, a saber, el médico venezolano Mateo Meo Pollino, quien administra la manutención de unos 600 purasangres y mantiene especial relación con la hípica de República Dominicana. Lo que no pudo saberse fue el monto de la negociación, ni si cómo ni dónde fue pagado. Es decir, se desconoce si la compra se efectuó en bolívares como lo dictan las leyes venezolanas, o en dólares mediante transferencia bancaria en el exterior, una práctica ilegal de saqueo de la economía y legitimación de capitales a nivel internacional que ha terminado institucionalizándose en el país. Todo esto ha ocurrido sin que se haya dado un pronunciamiento de la Superintendencia de la Actividad Hípica.
Datos Integrados Dinsa, S.A. es, de acuerdo a la citada página Pymes Venezuela, una empresa domiciliada en Barquisimeto, específicamente en la Zona Industrial I, Carrera 5 entre Calle 28 y 30, Edificio No. 71, a una cuadra del Banco Provincial, en el Estado Lara. El Registro de la Información Fiscal es J-310072787, cuenta con 10 trabajadores y sus teléfonos son 0251-710731 /7107312 y 0414 – 5300448.
El objeto de Dinsa, S.A. es “la creación, diseño, fabricación, promoción y comercialización al mayor de productos de loterías y de otros juegos lícitos, ya fueren estos impresos, mecánicos, electrónicos o computarizados, así como la asesoría, la representación y la administración de empresas nacionales o extranjeras especializadas en las instalaciones y operaciones de sistemas de juegos de loterías”[4].
Privatización enmascarada
Se trata, a criterio de nuestra fuente, de una privatización enmascarada que ha dejado en manos de las citadas Dinsa, S.A. e IP Tote, C.A., el manejo de la jugada hípica en el país, no solamente la legal, sino también ilegal, que son administradas desde Barquisimeto.
Es que desde las tribunas de La Rinconada los “remates de caballos” son cosa cotidiana a cargo de un conjunto de mujeres que se mueven por las mismas bajo el control de las mafias que actúan bajo la mirada cómplice de la Junta Administradora. Los montos de la apuesta ilegal son un absoluto misterio, pero se asegura que se trata de millones que van y vienen sin control alguno. Los “remates de caballos” que no son otra cosa que jugadas ilegales están en manos de mafias que cuentan con respaldo de las autoridades hípicas y un entramado gigantesco a nivel nacional que incluye la protección a los mafiosos por parte de policías corruptos de los cuerpos de seguridad municipales, regionales y nacionales, así como la Policía Nacional Bolivariana, la policía científica (CICPC), el SEBIN, la DGCIM, la Guardia Nacional y en general,  oficiales de la FANB, burócratas del Estado y sus redes de testaferros.
La empresa IP Tote, C.A. mantiene vínculos de conchupancia con burócratas corrompidos y codiciosos, así como con agente de la nueva boliburguesía financista del PSUV, como es el caso de José Ángel Silva, y Raúl Artigas Ramírez, aseguran las fuentes.
En nota publicada en la prensa venezolana el 16 de noviembre de 2015, se refiere que también el presidente de la Asociación de Propietarios de La Rinconada (Asoprorin), Hugo Albarrán, se hizo eco del criterio de que el INH habría sido privatizado al expresar  —en lo que no puede catalogarse como un “comentario ingenuo”—su agradecimiento a la “empresa mixta” por las labores de remozamiento del hipódromo capitalino.
“Ahora, ¿qué es una ‘Empresa mixta’? En teoría una asociación entre el capital público con el privado. No es cogestión, no es comuna, no es autogestión. Es una semiprivatización, donde el Estado, según trascendió, conservaría el 51% y los empresarios, 49%. La empresa privada manejaría las jugadas, centros hípicos y circuito interno. Al gobierno, le quedaría el hueso de ese lomito: el personal, los pasivos, el mantenimiento y los premios directos e indirectos de los gremios. A los ojos de muchos venezolanos, no es mala la inserción de la empresa privada en el hipismo, y en otras áreas de sectores productivos. Toda vez que desde 1999 existe un decreto para la supresión del INH, y dar cabida a otro órgano, nuevo, renovado, saneado de vicios administrativos o jurídicos. Todo lo anterior es entendible si no viniese de la mano del actual gobierno, cuyo sello particular ha sido ponderar al Estado por encima del libre mercado o prácticas neoliberales. No hubo licitación pública, como ordenan los procedimientos administrativos. No hubo debates. No hubo gaceta oficial. No hubo ruedas de prensa, ni información a los medios. No se conocieron otras ofertas o grupos interesados en el 49%. No se sabe cómo es la comunión o repartición de funciones entre ambas organizaciones. Todo fue a dedo, y con mucho celo y sigilo, como si fuese un trato entre particulares y no una institución del Estado venezolano, cuyos destinos públicos son de todos. Son la nueva camada de hípicos, que sueltan sin chistar 10 y 15 mil millones de los viejos por un caballo, compran haras, son testaferros y se fotografían como magnates. José Ángel Silva y Alejandro Ceballos fueron de esto muy beneficiados”[5], se lee en en el portal NC.
La expresión del presidente de Asoprorin vendría a colación porque cuando Antonio “El Potro” Álvarez, se desempeñó como ministro del Deporte habría negociado con Alejandro Ceballos, —presidente del Grupo 7C, cuya bandera es Alfamaq, dedicada especialmente a la construcción— la privatización del 50 por ciento de los hipódromos venezolanos. A este grupo se le entregó la remodelación de las tribunas del Hipódromo La Rinconada para la celebración de la Serie Hípica del Caribe.
Según el blog de Ceballos[6], el grupo incursionó en los últimos años en la hípica estadounidense, especialmente en el área de la Florida donde posee el Stud “Grupo 7C Racing Stable”, dedicado a la compra de caballos con pedigrí “destacados para hacer campaña en los Estados Unidos y posteriormente ser llevados a Venezuela a para cumplir función reproductora en el haras ‘Urama’[7], plantel de cría ubicado en el estado Yaracuy” y que igualmente pertenece a la familia Ceballos.
La negociación no se habría dado y nuestra fuente comenta que tal vez esto haya obedecido a trabas de tipo legal que habrían hecho desistir al gobierno de tal objetivo, pero que de todas maneras, las empresas de Ceballos habrían logrado obtener grandes sumas de dinero por el referido contrato de remodelación otorgado sin licitación alguna.
El Diario Meridiano, sin embargo, en nota sin fecha, da cuenta de unas declaraciones de Alejandro Ceballos en las que desmiente que el Grupo 7C se encuentre interesado la compra del hipódromo de Santa Rita ni en licitar el proceso de privatización del INH.
“Nosotros no hemos comprado hipódromos, ni tenemos participación en la jugada, porque ese no es nuestro negocio. Nuestro negocio es la construcción, somos hípicos de toda la vida, yo tengo más de 36 años como propietario, pero ni siquiera soy jugador, jamás he estado interesado en negocios relacionados con apuestas, no porque tenga algo de malo, de hecho no lo critico, pero simplemente ese no es nuestro ramo, para nosotros los caballos son una pasión”[8], le dijo enfáticamente Ceballos a Meridiano.
Pero el periodista Casto Ocando sostiene lo contrario y en su cuenta personal en la red social Twitter, emitió un comentario que fue recogido en una nota de Noticias Candela el 19 de agosto de 2016, en la que dice que Ceballos, aparte de haber comprado tres caballos por 1,2 millones de dólares en una subasta en Saratoga, Nueva York, “cuenta con el Stud Grupo 7C en el Hipódromo La Rinconada; con un centro de apuesta en Lechería, ‘y al menos dos empresas inscritas en el Registro Nacional de Contratistas: Proyectos y Construcciones 1128, C.A. e Inversiones Alfamaq… Según el RNC, la primera de las compañías, Proyectos y Construcciones, creada en 2008, desde ese año hasta diciembre de 2010, ejecutó 14 obras para el gobierno, de las cuales 13 fueron otorgadas por el Ministerio de la Vivienda’”[9].
Otra nota de Noticias Candela también desmiente que el Grupo 7C no se dedique a las apuestas, pues refiere que la familia Ceballos es propietaria del Casino Marbella, inaugurado en Panamá en 2013[10].
A Alejandro Ceballos también se le señala de haber cobrado en dólares los trabajos realizados por su empresa Afamaq para la Misión Vivienda, cuya calidad habría dejado mucho que desear. Igualmente estaría relacionado a los denominados Bolichicos, al ser Alejandro Betancourt López , de Derwick Associates, uno de sus operadores, según lo refiere una nota de “Las armas del Coronel”, aparecida el 10 de febrero de 2016 y que reseña que ambos “participaron en la operación de depósito de 500 millones de dólares de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en el Gazprom Bank en Líbano, de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el dirigente sindical Manuel Díaz, en abril de 2011. La cuenta era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, por su pariente Jorge Rojas Montero y el operador financiero Alejandro Ceballos (…) Los compradores a futuro transfirieron por instrucciones del ex ministro, Rodolfo Sanz, los fondos a la cuenta bancaria establecida previa orden enviada por un fax (facsímil emitido desde la oficina de Betancourt) … Es así como se apertura en Líbano la cuenta (… ), que era manejada por el ex ministro Rodolfo Sanz, un pariente de éste, Jorge Rojas Montero, y un operador financiero, Alejandro Ceballos”[11].
Entretanto todos estos movimientos se dan tras bastidores, en La Rinconada, a ojos populi imperan los conflictos laborales con caballericeros, traqueadores, entrenadores y jinetes, que son un asunto cotidiano. Igualmente, ya es común que los propietarios de caballos no reciban los pagos de las premiaciones. Entretanto, los pagos pendientes de los hipódromos de Santa Rita y Valencia, parecen ser un asunto que quedó en el olvido para las autoridades del INH.
Además, el sistema de “vendepagas” del INH está penetrado por mafias delictivas entre los cuales figuran desde empresarios corruptos propietarios de locales y concesionarios, hasta los “banqueros” que operan con redes de “mujeres rematadoras de caballos” de las que hablamos líneas arriba.
Estas “vendepagas” tienen su ámbito legal bajo concesión del INH, pero la mayoría opera ilegalmente al vender apuestas en taquillas distintas a las oficiales, algo que ocurre con la tolerancia del INH, la SUNAHIP y el SENIAT, cuyos funcionarios recibirían sus comisiones y coimas semanalmente; la otra vía es el remate de caballos el cual se realiza de mesa en mesa, sin control ni recibo alguno.
Se trata de una actividad que cuenta con la protección de policías y militares que igualmente ven engordados sus bolsillos con estas actividades fraudulentas.
Se suma Francisco Convit a los negocios
Otro advenedizo en el mundo hípico sería Francisco Convit Guruceaga, nieto del célebre científico venezolano Jacinto Convit y quien figura entre los accionistas de la empresa Derwick Associates, la misma que en varias oportunidades ha sido señalada de obtener contratos en el sector energético sin contar con la debida experiencia, así como por la poca transparencia que exhibe en las contrataciones suscritas con el estado.
La esposa de Covit, Patricia Ferrando, pertenece a la selección nacional de equitación, mientras él junto a los hermanos Carlos Luis y José Antonio Uzcátegui y otros dos socios  en mayo de 2015, compraron un potro de carreras de nombre Glory or Nothing, por dos millones de dólares en una subasta realizada en Saratoga, Nueva York[12]. Los cinco, refiere el Portal Poderopedia, son dueños del consorcio El Capi Racing, con sede en Florida, Estados Unidos, el cual está dedicado a la carrera de caballos. A través de esta empresa compraron por 400 mil dólares por otra potranca de la misma raza[13].
Nuestra fuente señala que Francisco Convit junto a Antonio “El Potro” Álvarez, luego del fracaso del primer intento por privatizar el INH y los hipódromos del país, comenzaron a otra vez a insistir en esta iniciativa hace aproximadamente un año y unos pocos meses.
En este ocasión la jugada intentaron hacerla a través de la misma empresa privada a la que se le otorgó la concesión a dedo en contra los intereses de la república, dirigida por José Ángel Silva pero en una nueva sociedad con Francisco Convit, El Potro Alvares y las autoridades del INH.
Este grupo presentó su propuesta —refiere nuestra fuente— ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República y sobre el asunto se habrían realizado varias reuniones en tiempos en que Aristóbulo Istúriz ocupaba en despacho de Carmelitas. El asunto volvió a fracasar cuando se hizo público y estalló un gran escándalo que motivó que, nuevamente se le negara al Potro Álvarez este negocio en el que lleva varios años insistiendo.
Los tentáculos de Diosdado Cabello
Durante su gestión como ministro del Deporte, Antonio “Potro” Álvarez, designó a Fernando Valentino Monsantos como Director General del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), luego de haber removido a quien hasta ese entonces ostentaba el cargo, Roberto Idrobo, una información que reseña el Líder en Deportes el 6 de mayo de 2014[14], decisión que fue publicada en la Gaceta Oficial N°40.404[15]. Valentino, en paralelo, asumió las riendas de la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas, Sunahip. Venía de desempeñarse en la Gerencia de Tributos Internos de la Región Central del Seniat.
De esta manera Diosdado Cabello lograba hacerse del control del INH, toda vez que tanto Álvarez, como Valentino, forma parte del equipo colaboradores del hoy constituyente. Hay que recordar que Antonio “Potro” Álvarez también director de deportes del Seniat que encabeza José David Cabello Rondón.
La relación de Valentino con los Cabello es de larga data, un vínculo que se inició cuando este se desempeñaba en el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) “Simón Bolívar”, desde la gestión de José Gregorio Vielma Mora, quien entregó la presidencia a José David Cabello, ascendido a esta posición por el difunto presidente Hugo Chávez.
Cabello Rondón luego pasó a la jefatura del Seniat y para allá se llevó a Fernando Valentino Monsantos, a quien ubicó en las oficinas de Mata de Coco como intendente de Tributos Internos. Su enriquecimiento ha sido rutilante, como el de toda la plana de aliados de los Cabello en el Seniat.
Ahora, Valentino pasó a ser experto en “caballos” con su incursión en la hípica nacional que se mantenido apenas respirando en los gobiernos de Chávez y Maduro. El grado de expoliación del INH es gigantesco y buena parte de la actividad hípica, como la cría de purasangres, ha pasado a manos de los advenedizos del oficialismo, sólo hay que echar un vistazo a la lista de nuevos “propietarios hípicos” multimillonarios.
Valentino nombró como administrador a uno de sus incondicionales, Damián González, con quien habría maniobrado en el intento por lograr la privatización del organismo y para lo cual fueron adelantando terreno bajo la figura de las concesiones otorgadas a dedo, añade la fuente.
Los manejos financieros
De las finanzas se encarga en Venezuela, Vicente Rubino Arriaga, quien de acuerdo a información suministrada por nuestra fuente, estuvo prófugo de la justicia por el caso del Banco del Sol[16]. Rubino en la actualidad es directivo y principal vocero de Asoprorin y está relacionado al Banco Nacional de Crédito, BNC.
Nuestra fuente refiere que Rubino Arriaga es el encargado de movilizar el dinero del negocio hípico de quienes de forma irregular administran el INH y la actividad deportiva.
Agrega el informante, que tanto a Convit, Silva, El Potro Álvarez y a los directores del Instituto Nacional de Hipódromos, será posible encontrarlos el próximo 9 de diciembre en el Hipódromo de Gulftream Park, Florida, Estados Unidos, donde se disputará la serie del Caribe.
Para finalizar, el informante asegura que tanto los Uzcátegui, como Fernando Valentino y Damián González, son propietarios de oficinas de apuestas mil millonarias y tienen exclusividad en concesión de la página tuoficinahipica.com en la que se hacen apuestas, incluso, de carreras que tienen lugar fuera de Venezuela, sin ningún control.
¿Enfilarán también sus baterías el Ministerio Público para investigar estos asuntos con la misma pasión con la que actúa en el caso de PDVSA?
maibortpetit.com