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Oscar Medina: Venezuela: “Si el Gobierno no abre la puerta en alimentación y salud las consecuencias serán devastadoras” @verticenews

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Defensor de derechos humanos de larga trayectoria y enfocado especialmente en el apoyo a personas con VIH, Feliciano Reyna no solo conoce de primera mano el lamentable estado del acceso a la salud, también es un destacado representante de las luchas de la sociedad civil en esta materia y un convencido de que los venezolanos necesitan ayuda internacional de inmediato

El concepto que hay que entender es así: emergencia humanitaria compleja. Lo manejan en Naciones Unidas y se refiere a grandes crisis producidas en un país como consecuencia de una sumatoria de factores como el desplome de la economía, la anulación de las instituciones del Estado, conflictos civiles, hambruna y éxodo masivo de la población. Pero hay un elemento importante: manejos e intereses políticos están en la raíz del problema.
Además de esa multiplicidad de causas, su impacto afecta a toda la estructura social y tiene la fuerza suficiente como para disgregarla. Y por tanto plantea la necesidad de desplegar una acción internacional en varios frentes al mismo tiempo y con planes de variado plazo.

Un poco más allá de lo académico, Feliciano Reyna, activista de larga trayectoria al frente de la organización civil Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos, prefiere hacer precisiones: “Cuando las situaciones de crisis tienen una raíz de tipo política, es decir, que son producto de un conflicto político donde hay unos actores que de una manera deliberada empiezan a desestructurar la vida dentro de un país, entonces estás hablando de una emergencia humanitaria compleja. Pasó el nivel de crisis y se transforma, por sus dimensiones, ya en una situación de emergencia, es de naturaleza humanitaria porque puede implicar pérdida de la vida de forma cuantiosa y es compleja porque no se trata de un desastre natural, por ejemplo, sino que tiene sobre todo un centro en el conflicto político. Algunos documentos dicen que es una situación que es utilizada políticamente en beneficio de quienes manejan el poder”.

Y añade, por si quedan dudas: “Se trata de una violación masiva, sistemática y deliberada de derechos humanos”.

Con 12 millones de personas pasando hambre y al menos 4 millones enfrentando dificultades para el acceso a medicinas, ¿ese concepto describe la situación de Venezuela?
En este momento sí. Desde el año pasado veníamos trabajando sobre la idea de que estamos dentro de un contexto de este tipo. Cuando hacíamos los informes sobre la situación de salud y alimentación y por la situación de emigración, de fallas de servicios públicos y problemas ambientales, entendimos que estábamos pasando la etapa de crisis, sin ninguna duda. Hay que mirarlo ya desde aquí, porque si no lo entendemos así no tendríamos todos los elementos que permitirían en un momento dado de movilización de ayuda internacional responder realmente con la dimensión que hace falta.

¿Qué implicaciones en el contexto internacional tiene entrar bajo esa categoría?

Son varias cosas. Una, como su naturaleza es política, definir quiénes son los actores que están produciendo esta violación de derechos humanos deliberada. Quiénes son los que están actuando de forma tal que, primero la producen y después no impiden que continúe. Por eso cuando vemos hoy que los países que están sancionando a representantes del Gobierno venezolano los llaman al diálogo es porque queda claro que no solo son los responsables sino que son las personas con las que, además, tiene que negociarse nacional e internacionalmente porque en sus manos está poder solucionar la situación.

La prioridad no es castigar sino resolver el problema…

Exactamente. Pero el camino de la sanción tiene como objetivo, por ejemplo, propiciar que se sienten en una mesa y abran el espacio para solucionar porque los responsables están produciendo unos daños masivos a su población. Esto tiene un costo en sufrimiento y en vidas gigantesco. En ese sentido, ese reconocimiento es importante. En segundo lugar, está poder decirle a esos actores responsables que sea cual sea la razón, el hecho es que hay un daño contra la población y si se dan los pasos para la apertura, la comunidad internacional está dispuesta a ayudar a Venezuela. Y si hay esa disposición, implica también evaluar las medidas inmediatas y las de mediano y largo plazo para sacar al país de esta situación.

Pero esto requiere que ese responsable, que es el Estado, reconozca la emergencia y su propia responsabilidad…

Sin duda. A eso ha estado apuntando la presión internacional, más toda la documentación que hemos hecho dentro del país. Esto, hay que decirlo, no va a parar. El daño va a continuar. Cuando uno habla con actores en el ámbito de derechos humanos la búsqueda es esa: vamos a ofrecer al país lo que le pueda hacer falta, en el intento de que el Gobierno admita esta situación de grave daño a la población y la existencia de la necesidad de que la cooperación internacional llegue al país.

Uno de los derechos más afectados es el de la salud. ¿Qué es lo que debe garantizar el Estado a la población y no lo ha hecho?

Nosotros venimos planteando que cuando llegas a una situación tan grave ya se trasciende el hecho de que puedas proveer, por ejemplo, solo tratamientos. En las situaciones de emergencia humanitaria compleja uno de los efectos son los desplazamientos y las epidemias. Ya claramente estás en un momento en el que necesitas una estrategia de vacunación, necesitas que lleguen tratamientos urgentes. Hay 3.500 personas trasplantadas que corren el riesgo de que sus órganos sean rechazados. Eso no puede esperar a un proceso de producción nacional o de importación. Eso es ya. Las 77.000 personas con VIH, que ya han tenido fallas en la distribución de medicamentos en todos los meses pasados, también requieren apoyo de inmediato. Hemos estado leyendo documentación de las redes de mujeres con cáncer de mama, sobre equipos que no funcionan, no hay posibilidad de hacerse las mamografías de forma adecuada. Entras a solventar el tema de la provisión de medicinas, de estrategias de vacunación, a equipar los lugares porque los equipos no funcionan; tienes que recuperar parte de la infraestructura. Tienes que tratar el tema ineludible de la provisión de electricidad y agua que son servicios que fallan en los hospitales. Y también hay un problema de personal, más violencia, que también la encuentras en estos terrenos de la salud.
Nada funciona…

Efectivamente, nada está funcionando. Y por eso hablar de una emergencia humanitaria compleja tiene tanta importancia. Hay un colapso en el país. Y eso no te permite ver el tema de la salud en solitario. Por ejemplo, en los mismos centros de salud no entra alimentación adecuada. Una persona que no tiene siempre su tratamiento pero que, por ejemplo, en un caso referido al sistema inmune podría haber resuelto una parte y le dices que debe mejorar su alimentación, no lo puede hacer. Hablamos de acceso a la educación, pero resulta que una madre tiene que sacar a su niño o a su niña de clases para ir a buscar el alimento que se pueda conseguir. Es decir, el nivel de desestructuración de la vida cotidiana es una de las cosas que más se expresa en estas situaciones.

¿Esto es ineficiencia o es parte de un concepto de ejercicio del poder?

En la Constitución –y en tratados internacionales- teníamos unos instrumentos de garantías de estado de derecho y de práctica democrática. Y todo eso se fue rompiendo. Cuando el presidente Chávez empezó aquella política de expropiaciones arbitrarias, que más bien fueron expoliaciones, se tomaron propiedades de todo tipo, desde pequeñas hasta empresas a las que se les quitó la capacidad de producción de alimentos y de medicinas. Digamos que en ese momento se decidió sustituirlo todo con importaciones, que el Gobierno asumió que tenía los dólares gracias al barril de petróleo, pero no puedes generar esa disrupción en la vida del país y uno de sus efectos más perversos es que una cúpula en el poder vio en esto una extraordinaria oportunidad de negocios. Buena parte de lo que ha estado ocurriendo tiene una explicación clara en la corrupción de una manera absolutamente grosera. Esto dejó de lado a las personas y las maneja como instrumentalizadas en los momentos electorales. Cuando apareció aquel registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela era una base de datos para uso electoral y ahora con la distribución de alimentos, esa es otra instrumentalización de las personas para tener una base electoral. La Asamblea Constituyente fraudulenta es nuevamente la acción de una cúpula que monta a 500 personas con las que pretenden legitimar unos hechos que no son legítimos. Pasan por encima de las garantías de la Constitución, de todas las obligaciones internacionales en materia de democracia y derechos humanos y, al final, se dan la excusa instrumentalizando a por lo menos 500 personas, que son quienes levantan las manos en la Asamblea Constituyente.

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