Pdvsa inició ante TSJ demandas para justificar crisis petrolera

Pdvsa inició ante TSJ demandas para justificar crisis petrolera

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Han pasado más de dieciséis años desde que un sector de los trabajadores de la principal industria del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA), iniciara un paro cívico nacional que no sólo dejó la suspensión de operaciones más larga y profunda de la estatal, sino que se convirtió en la causal de despido masivo más severa que haya vivido el país.

El hecho vuelve a acaparar la atención, porque desde diciembre de 2017, la Sala Político Administrativa está recibiendo demandas por daños patrimonialescontra los despedidos de la petrolera, en las cuales además de la determinación de responsabilidad, se solicita condenarlos al pago de sumas de dinero como forma de resarcimiento. PDVSA también pide medidas cautelares de prohibición de enajenar, gravar y embargar bienes en cada de uno de los casos.

Fueron casi dieciocho mil trabajadores –se calcula que cerca de 50% de la nómina de PDVSA para la época– los que despidió el fallecido presidente Hugo Chávez en cadena de radio y televisión entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, todos acusados por el mandatario nacional de “sabotaje” e incluso de “terrorismo”, pues aparte de responsabilizarlos de la parálisis de la empresa, los señaló de haber dañado parte de sus instalaciones.

En su momento, Chávez exigió que se investigara a quienes participaron en el paro para “determinar daños al patrimonio público”, y esto es exactamente lo que se propuso conseguir PDVSA desde hace varios años, pero ahora la estatal tomó la vía rápida al acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

La petrolera, a través de su Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal, inició procedimientos administrativos en contra de varias decenas de trabajadores despedidos en 2003, a fines de determinar su responsabilidad civil y administrativa, por presuntos daños patrimoniales causados a la industria. Mediante estos procedimientos, en 2013 impuso onerosas multas a cerca de 150 extrabajadores, pero a la fecha no ha podido cobrarlas.

Atendiendo a estas acciones, los representantes judiciales de PDVSA decidieron en diciembre de 2017 acudir al TSJ para hacer pagar a los propulsores del paro y supuestos causantes de daños a las instalaciones de la empresa por los perjuicios ocasionados al país.

Se pudo constatar que desde el 11 de abril pasado hasta la fecha, la Sala ha tramitado y decidido casi 150 casos de este tipo, llegando a la conclusión de que el Poder Judicial carece de jurisdicción para tramitar los recursos, y por consecuencia, las medidas cautelares solicitadas.

Esto, a primeras luces, hace presumir que el TSJ ha rechazado las demandas, sin embargo, luego de un análisis detallado del contenido de las sentencias, Acceso a la Justicia pudo observar que se trata de un rechazo temporal, pues en realidad la sentencia le indica a los apoderados de PDVSA los pasos a seguir para conseguir que las multas por daños patrimoniales contra los expetroleros prosperen.

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